Satterthwaite se refirió específicamente a las leyes de Empleo Público, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Igualmente, aludió a los ataques verbales del presidente Rodrigo Chaves contra los miembros de la judicatura, así como los “cuestionamientos infundados” sobre la imparcialidad del sistema de justicia.
La vocera destacó que la dinámica confrontativa estaría propiciando una creciente tensión y persecución hacia el Poder Judicial. “Estas declaraciones públicas, mediante conferencias de prensa semanales, estarían contribuyendo a un entorno de confrontación y desconfianza, afectando negativamente la estabilidad de la justicia”, agregó en una nota enviada a Costa Rica, el 4 de diciembre del 2024.
Si bien la relatora aclaró que no prejuzga la exactitud de los alegatos, manifestó su “profunda preocupación ya que la situación descrita en Costa Rica sería incompatible con las normas internacionales sobre juicio justo que establecen que el Poder Judicial debe funcionar sin restricciones, influencias indebidas, incentivos, presiones, amenazas o interferencias, directas o indirectas, de cualquier parte o por cualquier motivo”.
La visora internacional recordó que, según las normas internacionales, la independencia del Poder Judicial debe ser garantizada por el Estado, así como defendida por los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Observo con preocupación estas reformas legislativas y la forma en que se han implementado”.
Satterthwaite dio un plazo de 60 días al Gobierno de Costa Rica para que se refiera a las acciones que el país ha tomado para garantizar la independencia judicial, en cumplimiento con las normas internacionales existentes.
El oficio fue divulgado este lunes por la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), que señaló que el documento refleja denuncias previamente planteadas por la organización y transmitidas a la relatoría.
Ataques del Poder Ejecutivo
En cuanto a los reportes de “ataques directos y señalamientos” en contra de los funcionarios judiciales, dijo sentir preocupación de “que este tipo de amenazas, además de comprometer la seguridad de los jueces, fiscales y sus familias, puedan comprometer la independencia de estas instituciones afectando la correcta administración de la justicia”.
Advirtió de que las declaraciones públicas de los miembros del gobierno y el presidente de la República, en contra del Poder Judicial, “es especialmente preocupante, ya que se lleva a cabo por funcionarios influyentes de alto rango que ejercen una influencia significativa sobre la percepción pública del poder judicial”.
“Los jueces deben tener libertad y protección adecuada para ejercer sus funciones profesionales sin interferencias políticas ni presiones o influencias indebidas. Asimismo, quisiera subrayar que es responsabilidad del Estado costarricense garantizar la protección de jueces y fiscales para que puedan desempeñar su labor con seguridad”, resaltó la relatora.
Cambios legales cuestionados
En cuanto a la Ley Marco de Empleo Público (2022), la nota alega que la reforma habría provocado una afectación en términos de la remuneración que reciben los funcionarios del Poder Judical, pese a su autonomía, “lo cual distorsionaría y afectaría el funcionamiento del sistema y haciéndolo además más poroso ante intereses del Poder Ejecutivo u otros poderes fácticos”.
Respecto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2019), señala que la norma estableció “recortes al régimen de remuneración de jueces y juezas, así como regresividad en derechos adquiridos”.
Menciona que, con los cambios legales, un juez nuevo percibiría un 35% menos de salario que un juez en el mismo cargo en la judicatura antes de la reforma, pese a estar realizando el mismo trabajo.
Alega que también se afectaría la estabilidad en el cargo, debido a la potestad que tendría el Poder Judicial de trasladar a un juez de lugar y materia, con la excusa de distribuir recursos, “desconociendo el principio de inamovilidad y estabilidad”. Agrega que, si bien los jueces han protestado esta medida, no han recibido respuesta oficial alguna.
Asimismo, cuestionó el impacto presupuestario de la regla fiscal y la consecuente insuficiencia de fondos para atender debidamente la administración de justicia. “A pesar de la creciente demanda de servicios judiciales, los presupuestos no habrían aumentado para crear nuevos puestos o compensar el coste de la vida”, aduce.
Sobre la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial (2018), cuestiona las diferencias en las cotizaciones, respecto a otros regímenes públicos; también, critica que el beneficio de la jubilación pasara del 100% al 82%; que la edad de jubilación aumentara de 60 a 65 años; y que se fijara un límite máximo de las pensiones a recibir, de diez veces el salario más bajo del Poder Judicial (¢4,6 millones), entre otros aspectos.
“Dicha reforma habría afectado las condiciones jubilatorias de los jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras públicos y policía judicial. La reforma habría creado un esquema desigual en relación a otros sistemas de jubilación nacionales para el Poder Judicial”, expuso.
