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Roberto Guillén Pacheco, rector interino de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó este viernes que las universidades públicas tendrían que cobrar ¢7 millones por semestre a los estudiantes si no recibieran la mitad del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Así lo indicó Guillén ante una consulta de Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio (FA), durante una comparecencia ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Este foro tendrá que emitir una recomendación al plenario del Congreso sobre la asignación del FEES para el 2025, luego de que las negociaciones entre los rectores y el Poder Ejecutivo fracasaran.
Ante una consulta de La Nación, el rector precisó que el cálculo de los ¢7 millones corresponde a los alumnos que no tienen beca. Sobre lo elevado del monto, argumentó que tiene que ver con las carreras, como las de salud que tienen laboratorios de muy alto nivel. En su criterio, se trata de costos inmanejables para la mayoría de los estudiantes.
Actualmente, de acuerdo con el sitio web de la UCR, el costo por crédito para el 2024 es de ¢16.110, sin embargo, el centro universitario tiene un tope máximo de 12 créditos por semestre: ¢193.320.
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Hace una semana, el 13 de setiembre, Laura Fernández, ministra de la Presidencia y de Planificación, propuso ante el mismo foro legislativo que las universidades públicas cobren la matrícula a los estudiantes de forma diferenciada, según el quintil de ingresos en que se ubiquen sus familias.
En esa misma sesión, Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, declaró que la “gente más rica del país” estudia en las universidades públicas. “El 46% de los estudiantes, de todas las universidades públicas proviene de los quintiles cuatro y cinco, y en la Universidad de Costa Rica (UCR), el 54%”, externó la vocera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Al respecto, este viernes, María Estrada Sánchez, rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y presidenta a. i. del Consejo Nacional de Rectores (Conare), aseguró a los diputados que más del 82% de las personas de primer ingreso proceden de colegios públicos y que, “en los últimos años, se ha incrementado el acceso de estudiantes de los quintiles de menor ingreso”.
Por su parte, Jonathan Acuña comentó: “Yo creo que aquí están partiendo de que gente de clase media es gente ultrarrica, porque, el otro día, dijo acá la diputada Pilar Cisneros que había que meter a la gente del cuarto quintil, cuyos ingresos promedios son menos de ¢1,2 millones, y con eso no alcanza, por ejemplo, ni para pagar la cuota condominal de Monterán (donde vive el presidente Rodrigo Chaves)”, expresó el frenteamplista Acuña.
Este mismo viernes, horas antes, la contralora general de la República, Marta Acosta, señaló que, en el 2024, el 82,1% de los ingresos de las universidades y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) proviene de las transferencias del Gobierno, dentro de las cuales el 97% corresponde al FEES.
Otras fuentes de ingresos, como el financiamiento y los derechos administrativos de los servicios de educación, contribuyen de manera más modesta, con un 10,3% y 3,1% respectivamente, lo que, según el ente fiscalizador, “refleja una limitada diversificación en la estructura financiera de las universidades”.
“Lo que nosotros hemos dicho es que se debe hacer una reestructuración de los ingresos de las universidades, sobre cuáles decisiones se tienen que tomar; ya habría que hacer los análisis técnicos y jurídicos”, agregó Acosta.
