Marta Acosta, contralora general de la República, afirmó este viernes que es “inalcanzable” el aumento del 4,06% que las universidades públicas solicitan para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en el 2025.
Ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la jerarca aseguró que, en la situación fiscal en que está el país, es “muy difícil” aceptar el incremento reclamado por los rectores, el cual equivale a ¢23.389 millones. Por su parte, el Gobierno propuso un alza del 1%, es decir, ¢5.760 millones.
La contralora general estimó que el incremento del FEES tendría que ser del 0,3%, de acuerdo con la inflación a julio de este año.
La negociación sobre el monto del FEES 2025 fracasó el pasado 16 de agosto, luego de que los rectores no lograron un acuerdo con el Poder Ejecutivo sobre el monto que se debería girar para el financiamiento de las universidades públicos.
Ahora, será la Asamblea Legislativa la que defina cuánto recibirán las casas de enseñanza superior el próximo año. El monto de partida es el mismo asignado para el 2024, que fue de ¢576.087 millones.
País enfrenta un dilema
Acosta señaló que el país enfrenta un dilema. Por un lado, está el mandato constitucional respecto a la asignación de las universidades públicas y, por otro, un desaceleramiento de los ingresos fiscales, alto nivel de endeudamiento y deterioro en el rendimiento de la educación primaria y secundaria.
“Yo no voy a venir aquí a decir súbalo o bájelo (el FEES), porque no me compete, pero sí que se valore la situación fiscal que existe y la gran necesidad de invertir en educación. Es un tema clave para este país, porque de la educación depende no solo la movilidad social de las personas, de cada uno de nosotros; de la educación también depende el progreso del país, los ingresos futuros del país”, indicó la contralora.
La jerarca advirtió a los legisladores de que las únicas dos alternativas para incrementar el FEES son aumentar el endeudamiento o tomar los recursos de otras partidas, ya sea del Ministerio de Educación Pública (MEP) o de las demás insituciones del gobierno.
No obstante, recordó que el MEP no tiene todo su presupuesto cubierto, ni para el 2024 o el 2025. Esta situación fue confirmada por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, el pasado 13 de agosto, ante el foro legislativo.
Al respecto, Pilar Cisneros, jefa del oficialismo, alegó que si se le dan más recursos a las universidades, se le tendrían que cortarse los recursos destinados a las escuelas o a los colegios, ya que el FEES es uno de los componentes del presupuesto del MEP.
“De lo contrario, los diputados que están aquí, tendrán que decidir si le van a quitar a salud o seguridad, a quién le van a quitar y eso es un ejercicio muy interesante”, agregó la vocera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
No obstante, Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, contradijo lo indicado por Cisneros al asegurar que los congresistas pueden dotar a las universidades de más recursos, sin disminur las asignaciones de primaria y secundaria, mediante el traslado entre partidas presupuestarias. Acosta confirmó esta posibilidad ante consulta del frenteamplista.
Acuña declaró que fueron el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quienes dijeron que, si se aumenta el FEES, se debe reducir el resto de los recursos del MEP.
Un criterio similar externó la liberacionista Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión. “No es necesario tomar del MEP para darle al FEES, todo lo contrario; podemos usar modificaciones entre los renglones presupuestarios, para darle tanto al MEP como al FEES, sin disminuirle a todo lo que tiene que ver con educación”, resaltó la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN).
La parlamentaria verdiblanca dijo que estaban “pensando” en el fortalecimiento integral de la educación.
Universidades rinden cuentas ante la Contraloría y ante Hacienda
La contralora también confirmó que las universidades públicas rinden cuentas ante la CGR y el Ministerio de Hacienda.
“Nosotros recibimos cuentas de las universidades, en lo que corresponde a los informes que hacemos; tenemos acceso a toda la información de las universidades, conocemos sus presupuestos, conocemos sus planes operativos.
“Pero, además, las universidades presentan, ante el Ministerio de Hacienda, ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), su evaluación anual y medio de año sobre su ejecución presupuestaria. Sí hemos dicho, en el pasado, que las universidades debían mejorar en cuanto a temas de transparencia, de indicadores, de metas. El sistema de resultados y metas es un poco complicado y así lo hemos hecho saber, pero sí, a nosotros nos rinden las cuentas que nosotros requerimos”, explicó.
Universidades mejoran ejecución presupuestaria
En términos estadísticos, Acosta expuso que las universidades muestran una mejora gradual en su ejecución presupuestaria, al pasar del 82,6% en 2019 al 88,8% en 2023. “Aunque el presupuesto ha tenido variaciones en su tamaño, el porcentaje de ejecución se ha mantenido en niveles altos”, destacó.
Los centros universitarios también registraron una disminución de ¢19.363 millones en el superávit al cierre del periodo 2023, con respecto al 2022.
La Contraloría señaló que, en el 2024, el 82,1% de los ingresos de las universidades y el Consejo Nacional de Rectores (Conare) proviene de las transferencias del Gobierno, dentro de las cuales el 97% corresponde al FEES.
Otras fuentes de recursos, como el financiamiento y los derechos administrativos de los servicios de educación, aportan un 10,3% y 3,1%.