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El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, compareció ante diputados para responder cuestionamientos sobre becas estudiantiles, salarios y la distribución del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES).
La audiencia se realizó la noche de este 25 de agosto en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, como parte del expediente 25.699. La investigación analiza la administración, ejecución, control, fiscalización y transparencia de recursos públicos administrados por las universidades estatales, con énfasis en los provenientes del FEES.
Uno de los principales puntos de discusión fue la redistribución del FEES entre las universidades públicas. Los diputados oficialistas cuestionaron al rector por el voto de la UCR contra un acuerdo discutido en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y por el posterior veto de la institución.
Araya explicó que la UCR se opuso a interpretar el principio de equidad como una distribución de un 20% para cada una de las cinco universidades estatales. Según indicó, la Universidad de Costa Rica recibe actualmente cerca del 50% de la distribución y una modificación de esa magnitud tendría consecuencias para la institución.
El rector defendió el veto como un mecanismo previsto en la normativa para abrir un proceso de diálogo. Afirmó que las universidades mantienen negociaciones para buscar un consenso sobre la distribución de los recursos.
También señaló que la UCR aportó ¢123.000 millones durante los últimos 10 años a los denominados fondos del sistema, recursos que posteriormente se distribuyen desde Conare de acuerdo con prioridades y necesidades de las universidades.
Becas estudiantiles
Durante la comparecencia, Araya aseguró que la UCR cuenta en el 2026 con 24.350 estudiantes con beca socioeconómica. Según el rector, la institución concede este beneficio a las personas matriculadas que acreditan su necesidad mediante el estudio socioeconómico correspondiente.
El jerarca también afirmó que el presupuesto destinado a becas pasó de ¢8.200 millones en el 2012 a ¢41.400 millones en el 2026.
Araya sostuvo que la institución mantuvo el incremento del dinero para becas incluso en años de menor crecimiento de los recursos universitarios. Indicó que para el 2026, el FEES aumentó un 1%, mientras que el presupuesto de becas de la UCR subió un 5,3%.
Para el 2027, según explicó ante los legisladores, la Universidad proyecta un aumento del 3% en el presupuesto de becas, pese a que las autoridades universitarias recibieron el anuncio de que no existiría un incremento del FEES.
El rector señaló además que una persona en condición de pobreza extrema puede recibir beneficios asociados con una beca por hasta ¢350.000 mensuales. Estos recursos pueden cubrir alimentación, transporte, hospedaje, libros, equipo y determinados servicios de salud, según explicó.
Diputados cuestionaron cobertura de becas
La discusión también se centró en la cantidad de estudiantes beneficiarios del sistema universitario público. La legisladora del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Nayuribe Guadamuz citó datos según los cuales las personas con becas socioeconómicas en las universidades estatales pasaron de 57.697 en el 2023 a 53.802 en el 2025.
Según las cifras expuestas durante la audiencia, esto representaría 3.895 beneficiarios menos. La diputada también señaló que la cobertura habría pasado del 50,42% al 46,90%.
Araya evitó validar esas cifras para todo el sistema universitario porque, según explicó, no era rector de la UCR durante parte del periodo consultado. Agregó que los datos deben analizarse dentro del contexto de los cambios de matrícula ocurridos después de la pandemia.
Rector reporta medidas para restringir gastos
Los legisladores también preguntaron qué gastos internos podría reducir la UCR antes de solicitar mayores recursos públicos. Araya informó de medidas de restricción presupuestaria adoptadas por la institución.
Entre ellas, mencionó la eliminación de la posibilidad de otorgar nuevas dedicaciones exclusivas, así como restricciones para estudios destinados a reclasificaciones de puestos y para el nombramiento de suplencias.
La comparecencia también abordó una resolución relacionada con puestos nombrados por la Rectoría en el 2025, así como remuneraciones de entre ¢3,4 millones y casi ¢4,1 millonesseñaladas por el diputado oficialista Antonio Barzuna.
Araya explicó que la resolución cuestionada buscaba regular las remuneraciones de direcciones de oficinas técnicas durante la transición entre el salario compuesto y el salario global a raíz de la Ley Marco de Empleo Público.
UCR señala reducción de inversión respecto al PIB
El rector también aseguró que la inversión en educación superior pública pasó de representar un 1,47% del producto interno bruto (PIB) en el 2017 a un 1,08% actualmente.
Según Araya, esa reducción limita las posibilidades de ampliar inversiones en sedes regionales y otros servicios universitarios. El jerarca afirmó que las becas estudiantiles constituyen una prioridad presupuestaria y sostuvo que no deberían reducirse ante escenarios de restricción financiera.
Sesión generó reclamos de diputados de oposición
La audiencia también produjo una disputa por el manejo de la sesión legislativa. Diputados de oposición cuestionaron decisiones del presidente de la comisión, el oficialista Gonzalo Ramírez, relacionadas con solicitudes para intervenir por el orden.
El diputado Eder Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció que presentará un recurso de amparo. El legislador alegó que se impidió a diputados realizar consultas de procedimiento y cuestionó una actuación relacionada con un asesor de comunicación.
Por su parte, la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), afirmó que durante la audiencia no se permitió utilizar la palabra por el orden para plantear consultas sobre el funcionamiento de la sesión. También consideró que parte de las preguntas se alejó del objetivo de la moción que originó la investigación.
