La firma del ministro de Seguridad Mario Zamora en la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles, durante una conferencia del Departamento de Guerra de Estados Unidos, genera una serie de interrogantes sobre el alcance y las implicaciones de los compromisos asumidos por el gobierno de Rodrigo Chaves.
Para entender las repercusiones del documento, lo primero que se debe aclarar es que, según el experto en Relaciones Internacionales Carlos Cascante, el texto no constituye un tratado internacional ni establece obligaciones concretas para el país. En su opinión, se trata de una manifestación de carácter político con planteamientos generales.
“Desde ningún punto de vista, es un tratado internacional”, afirmó el académico. Por esa razón, agregó, no requiere revisión jurídica interna ni aprobación legislativa, como sí ocurre con los tratados formales.
Cascante explicó que el principal objetivo del documento es legitimar las operaciones militares que el gobierno de Donald Trump ha impulsado en América Latina, incluida la operación que culminó con la captura en suelo venezolano del presidente Nicolás Maduro. Estas acciones han sido cuestionadas tanto dentro como fuera de Estados Unidos, al considerarse intervencionistas y carentes de autorización por parte del Congreso.
“Hay que contextualizarlo porque esto no es nuevo. Que los ejércitos en América Latina estén involucrados en la lucha antinarcóticos es algo que vemos desde finales de los años noventa. Lo que no habíamos visto era al ejército de Estados Unidos operando de esa forma. Yo creo que están abriendo espacio para ese tipo de operaciones”, declaró Carlos Cascante a La Nación.
El experto explicó que el documento, que alude a la promoción de la “Paz a través de la Fortaleza”, tampoco encaja dentro de la figura de declaración unilateral en derecho internacional, un mecanismo técnico mediante el cual un Estado asume compromisos internacionales concretos.
“Para que una declaración unilateral genere obligaciones tiene que ser muy específica: el Estado se compromete a hacer o a no hacer algo. En este caso, los puntos son muy genéricos”, indicó.
Además, señaló que Zamora no acudió el 5 de marzo con plenos poderes para suscribir compromisos internacionales vinculantes, lo que refuerza la naturaleza política —y no jurídica— del documento.
Debate dependerá de las acciones futuras
Aunque la declaración no establece compromisos concretos, Cascante advirtió de que sus implicaciones dependerán de cómo se traduzca en acciones posteriores.
El punto del documento que más dudas ha generado es el que menciona la intención de los países firmantes de unirse “a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”.
Si bien el ministro Zamora alegó que Costa Rica vislumbra una participación desde “el poder coercitivo del Estado de Derecho”, lo cierto es que el gobierno de Trump ha promovido este bloque como una alianza con capacidades militares.
“El concepto de Paz a través de la Fortaleza o de la Fuerza está referido al uso de la violencia legal o de la fuerza legal con que las leyes facultan a las fuerzas policiales para enfrentar la violencia criminal que emana de los carteles”, precisó el jerarca.
No obstante, el 7 de marzo, en un acto oficial celebrado por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump presentó la iniciativa como “una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que plagan nuestra región”.
“Estamos llamando a esta cooperación militar la ‘Coalición de las Américas contra los carteles’”, aseguró durante el evento, al que asistieron el presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández. Agregó que el corazón del acuerdo “es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir a los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”.
Trump también aseguró que Estados Unidos cuenta con armamento altamente preciso para ejecutar ese tipo de operaciones, el cual puso a disposición de los países.
“Tenemos armamento increíble. Podemos usar misiles si es necesario. Son extremadamente precisos”, afirmó.
El mandatario sostuvo que la única manera de derrotar a estos grupos es mediante el uso de fuerzas militares, al considerar que las policías de la región enfrentan limitaciones frente al poder de los carteles.
“Pueden tener grandes cuerpos policiales, pero los carteles los amenazan y los intimidan. Por eso van a tener que usar sus ejércitos”, señaló.
A juicio de Cascante, lo relevante es prestar atención a cómo podría interpretarse o aplicarse en el futuro la visión que Estados Unidos tiene para esta organización. Como ejemplo, mencionó que podrían surgir cuestionamientos si Washington realizara acciones militares en la región y solicitara apoyo a los países que respaldaron la declaración.
“Si Costa Rica, basándose en esto, decide apoyar una acción de ese tipo, ahí sí podríamos estar frente a algo que podría contravenir la Constitución”, advirtió.
Justificación política de acciones contra el narcotráfico
Cascante añadió que el documento también cumple una función política dentro de la estrategia regional de Estados Unidos.
Uno de los elementos más relevantes, dijo, es la referencia al “narcoterrorismo”, una categoría que puede justificar el uso de fuerzas militares para combatir organizaciones criminales.
Asimismo, el experto considera que la declaración busca respaldar la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y legitimar su estrategia contra lo que denomina “actores malignos”, un concepto que suele incluir a potencias extracontinentales como China.
La declaración también hace referencia a la necesidad de proteger “infraestructuras críticas”, otro concepto que el Comando Sur de Estados Unidos ha utilizado en los últimos años para describir proyectos estratégicos en los que participan empresas de capital chino.
Gobierno debería aclarar límites
Ante la amplitud del documento, Cascante considera necesario que el gobierno defina públicamente cuáles serían las “líneas rojas” de Costa Rica en la aplicación de esta declaración.
En particular, recordó que cualquier cooperación que implique presencia o tránsito de fuerzas militares extranjeras debe cumplir con los controles establecidos por la Constitución y contar con autorización de la Asamblea Legislativa.
“Costa Rica debería negarse a cualquier cooperación que sobrepase su derecho interno constitucional”, afirmó.
El académico concluyó que la declaración, por sí sola, dice muy poco en términos concretos, por lo que la clave estará en las decisiones que adopte el gobierno de Rodrigo Chaves en adelante.