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Un proyecto de ley pretende que cualquier asesinato de una persona menor de edad sea considerado un homicidio calificado en el Código Penal, es decir, el tipo de homicidio más grave en la ley costarricense.
Se trata del expediente 25.194, llamado Ley Especial Contra la Violencia en Perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado el 10 de setiembre por la diputada independiente Johana Obando, junto con las firmas de los liberacionistas José Francisco Nicolás y Geison Valverde, así como Jonathan Acuña, del Frente Amplio.
Entre decenas de reformas que propone, se encuentra agregar un inciso al artículo 112 del Código Penal, el cual establece los casos en que se comete homicidio calificado.
De esta forma, junto a agravantes como asesinar con alevosía o ensañamiento, o que la víctima sea ascendiente, descendiente o cónyuge, se convertiría en agravante también que la víctima sea una persona menor de edad, lo que se castigaría con penas de entre 20 y 35 años de cárcel.
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La iniciativa crearía 19 nuevos tipos penales, entre ellos el incumplimiento de la responsabilidad parental, que sancionaría con hasta siete años de cárcel al padre o madre que por acción u omisión, cause algún daño en la salud de un menor de edad.
También se castigaría con pena de seis meses a un año de prisión a quien impida que su hijo acceda a la educación formal, gratuita y obligatoria.
Por otra parte, se plantea crear la Comisión de Atención de Casos Urgentes de Personas Menores de Edad (Cacupme), compuesta por un representante del Ministerio Público, cuatro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tres del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y tres del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Esta Comisión se encargaría de coordinar la atención inmediata de menores de edad víctimas de delitos.
Este lunes, a solicitud del Congreso, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro presentó un informe sobre el proyecto ante la Corte Plena, en el que se determinó que el plan afecta el funcionamiento del Poder Judicial al crear nuevas funciones para el Ministerio Público y el OIJ con la creación de la Cacupme.
Esto significa que para convertirse en ley, el proyecto requerirá el voto afirmativo de 38 diputados.
En lo que llevamos del año, el país registra 39 asesinatos de niños y adolescentes, dos menos con respecto al mismo periodo del año anterior, según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial.
