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Los jefes de las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) pidieron este jueves votar los informes emitidos por una comisión legislativa sobre el presunto abuso sexual cometido por el ahora exdiputado Fabricio Alvarado, de Nueva República.
La petición la hicieron durante la primera reunión de las nuevas jefaturas de las bancadas de la Asamblea Legislativa, que preside la diputada Esmeralda Britton, quien ejerce temporalmente, en sustitución de Yara Jiménez.
Ya desde este miércoles, el PLN había enviado una carta a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para solicitarle poner a discusión dichos informes, tal como lo había hecho su antecesor en el cargo, Rodrigo Arias.
Arias había fijado las sesiones del 27 de abril, primero, y 28 de abril, en segunda instancia, para finiquitar el asunto y tomar una decisión sobre la amonestación ética pública por presunto hostigamiento.
Sin embargo, la ausencia de los diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los integrantes de Nueva República y varios aliados del oficialismo impidió que se diera esa discusión.
Pese a la solicitud de los jefes de la oposición, la presidencia informó de que había realizado, antes que todo, una consulta al Departamento de Asesoría Legal para tener claridad de cómo proceder, debido a que Fabricio Alvarado ya no es diputado.
Todos estamos de acuerdo en que el hostigamiento sexual no se puede permitir en este Congreso
— Nogui Acosta, jefe de fracción PPSO
El problema que presenta la discusión se debe a que el cuerpo normativo aplicado por primera vez es el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, por lo que el proceso podría haber perdido interés.
En representación Yara Jiménez y con el apoyo del jefe de Pueblo Soberano (PSO), Nogui Acosta, Britton informó que esperarán el criterio de la Asesoría Legal para determinar cómo proceder.
El jefe de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, manifestó que el proceso sobre el presunto abuso sexual cometido por el exdiputado Alvarado es muy delicado y declaró que es necesario dar una señal desde el Congreso hacia la sociedad costarricense, de que no se toleran esas conductas en la Asamblea.
“Hemos dicho que queremos que esta Asamblea sea distinta y que demuestre que nos vamos a regir por una conducta distinta y los estándares éticos más altos. En este tema específico, la gente espera una decisión, espero que sea la correcta, sancionar una conducta inapropiara”, dijo el verdiblanco.
Ramírez agregó que la propia presidenta electa, Laura Fernández, denunció de manera pública, en un debate televisivo, haber sido víctima de ese mismo tipo de comportamientos.
La vocera de la Unidad, Abril Gordienko, manifestó preocupación que se le dé largas al asunto y dijo que sería una muy mala señal dejar ese tema sepultado, y de que la Asamblea es insegura para las mujeres.
“Como mujer, considero que esto no puede quedarse encubierto. Ninguna mujer debe sentir que el poder protege a los hombres y las deja a ellas desamparadas, es nuestra obligación enviar una señal al país, a las mujeres trabajadoras, que no las vamos a desamparar, que la legislación las promueve del abuso, de acoso”, dijo.
Claudia Dobles, de la CAC, apoyó que el tema se conozca en el plenario, “donde corresponde” y coincidió con Gordienko y Ramírez.
Para José María Villalta, del Frente Amplio, la decisión sobre el expediente le corresponde al plenario y alegó que hay un plazo para pronunciarse, según lo establece el Reglamento contra el hostigamiento.
El jefe del FA también comentó que es necesario definir el trámite del procedimiento, y coincide que no es un precedente saludable para la democracia que un caso tan grave, “de tanto impacto simbólico y real sobre las víctimas”, quede en nada.
“El hecho de que una persona no ocupe ya un cargo público, no la exime de que se dicte una resolución final de un proceso en trámite”, dijo Villalta, pero reconoció que es posible que no se pueda ejecutar la sanción porque Alvarado ya no es legislador.
Nogui Acosta: ‘Son actitudes que debemos desterrar del parlamento’
El jefe del PPSO, Nogui Acosta, coincidió con todos los jefes sobre la importancia del caso y dijo que es fundamental reconocer las actitudes que se deben desterrar del parlamento.
También, el oficialista enfatizó que son dos cosas diferentes, el procedimiento administrativo sobre el hostigamiento y la denuncia penal en el Ministerio Público.
“Esto sanciona diputados, pero qué pasa con los que ya no son diputados. Es una discusión sobre si se puede castigar a un funcionario que ya no es funcionario, por una actitud de cuando lo era. Este plenario mal haría en tomar una decisión no apegada correctamente a la normativa”, dijo.
Acosta apoyó entonces la posición de la presidencia legislativa de esperar un criterio de la Asesoría Legal para aclarar los pasos por tomar.
“Todos estamos de acuerdo en que el hostigamiento sexual no se puede permitir en este Congreso”, dijo Acosta, pero no podemos hacer algo que no esté apegado a la legalidad.
