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Pilar Cisneros, jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), justificó la decisión del presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, de no denunciar la posible colusión de empresas constructoras que se estarían poniendo a de acuerdo para aumentar los costos de cinco proyectos de escuelas financiados con un crédito de $700 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Consultada por los medios sobre si el jerarca estaba en la obligación de denunciar la conducta de los oferentes, Cisneros respondió: “Sí y no. ¿Por qué no? ¿Acaso se licitaron, acaso se asignó la licitación? No. Ante la sospecha, ¿qué hicieron ellos? No vamos a asignar esa licitación, pero ¿acaso hubo dinero público comprometido?”.
Al cuestionársele sobre el peligro de que estas empresas sigan participando en concursos públicos, indicó: “Pueden seguir participando, pero saben que no se pueden abusar con el precio, porque si se detecta que hubo un abuso con el precio, simple y sencillamente no se asigna la licitación
“Yo no estoy segura si él debía (Alejandro Picado) haber presentado la denuncia porque aquí no está en juego ningún colón del dinero público, punto”, agregó.
El 5 de febrero, ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Alejandro Picado declaró que identificaron supuestos esfuerzos coordinados de algunas empresas para elevar los costos de contratación de “cinco escuelas grandes”, incluidas en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri). Ante las sospechas, los procesos de licitación se cancelaron.
Posterior a la audiencia, Picado reconoció a La Nación que no denunció los hechos, por considerarlo innecesario.
“Nos dimos (cuenta) a tiempo de lo que estaba sucediendo y tomamos las previsiones del caso. Denuncias no (hicieron), porque no tenemos los elementos necesarios. No es necesario en este momento, en el que no fue adjudicado a una empresa”, alegó.
El Ministerio Público confirmó este martes que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) decomisó el acta de la sesión legislativa en la que el presidente ejecutivo de la CNE hizo las manifestaciones sobre la posible colusión.
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Cisneros criticó la decisión de la Fiscalía de decomisar el acta legislativa, en lugar de consultar directamente al jerarca y solicitarle las respectivas pruebas. Igualmente, reconoció que Picado le habló sobre la situación, previo al inicio de la audiencia de la semana anterior, ante la Comisión de Hacendarios.
“Yo no creo que don Alejandro va a venir aquí a hablar paja. Él me había comentado esa situación. Antes de venir a la reunión, lo que me dijo es eso, ‘vea, nosotros hemos visto que hay ofertas excesivamente altas, que nosotros no estamos divueltos a pagar, porque sabemos lo que valen las escuelas y creemos que se están poniendo de acuerdo para cobrar más”, expresó la vocera oficialista.
El Proeri está compuesto por un catálogo de 502 obras de infraestructura: 298 proyectos calificados como de riesgo inminente y 204 que se derivan de decretos de emergencia. El listado incluye puentes, escuelas y carreteras.
