La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) decomisó el acta de una sesión legislativa en la que el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, declaró tener conocimiento de que empresas constructoras se habrían puesto de acuerdo para encarecer contratos de la CNE.
Estas licitaciones corresponden a cinco escuelas incluidas en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).
El Ministerio Público confirmó este martes la gestión en respuesta a una consulta de La Nación, pero no brindó mayores detalles sobre lo actuado.
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En declaraciones dadas a este medio después de la audiencia legislativa del pasado 5 de febrero en la Comisión de Hacendarios, Picado reconoció que no presentó denuncia alguna sobre las supuestas coordinaciones realizadas por los oferentes para elevar los precios de las contrataciones.
El financiamiento de estos proyectos proviene de un crédito de $700 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Nos dimos (cuenta) a tiempo de lo que estaba sucediendo y tomamos las previsiones del caso. Denuncias no (se hicieron), porque no tenemos los elementos necesarios. No es necesario en este momento, en el que no fue adjudicado a una empresa”, alegó el jerarca.
Durante la sesión de la Comisión de Hacendarios de la semana anterior, la diputada Pilar Cisneros, jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), dijo tener conocimiento de situaciones en las que firmas oferentes se pusieron de acuerdo para encarecer las obras y que, por ello, no se habían concretado las respectivas licitaciones. La legisladora pidió a Picado dar ejemplos de estas conductas.
“Esto se ha presentado aproximadamente en cinco escuelas grandes; identificamos que algunas empresas se pusieron de acuerdo para definir un precio alto”, le respondió el presidente de la CNE.
La gerencia general de la Asamblea Legislativa confirmó a este medio que recibió la comunicación de la Fapta el lunes en horas de la noche, por medio de un correo electrónico, “por lo que se encuentra en trámite y dentro del plazo para dar respuesta”.
Marta Acosta: Empresas deberían recibir una sanción
Según el criterio de la contralora general de la República, Marta Acosta, los funcionarios públicos deben denunciar cualquier sospecha de esfuerzos coordinados por parte de empresas para aumentar los precios de las contrataciones, aun cuando los procesos de licitación se anulen por estos actos.
“Son eventuales irregularidades que se podrían dar en cualquier otra institución, y estas empresas, que andan por ahí haciendo este tipo de cosas, deberían recibir una sanción o un llamado de atención, porque me parece a mí que no es correcto”, declaró Acosta este martes tras comparecer ante el foro de Hacendarios, para referirse a un informe de fiscalización, publicado en diciembre, sobre la ejecución del Proeri.
La contralora señaló que, al tratarse de un presunto caso de colusión, el asunto también podría estar dentro del ámbito de competencia de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Al contrario, Pilar Cisneros justificó la omisión de Picado. Consultada por los medios, sobre si el jerarca tenía la obligación de denunciar, la diputada de gobierno respondió: “Sí y no. ¿Por qué no? ¿Acaso se licitaron, acaso se asignó la licitación? No. Ante la sospecha, ¿qué hicieron ellos? No vamos a asignar esa licitación, pero ¿acaso hubo dinero público comprometido?”.
“Yo no estoy segura de si él (Alejandro Picado) debía haber presentado la denuncia porque aquí no está en juego ningún colón del dinero público. Punto”, agregó.
Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios, mencionó que a los integrantes del foro legislativo les causó sorpresa saber que la CNE no denunció los supuestos hechos.
“Esperamos que (la Fapta) pueda tener toda la información necesaria y que puedan detener este tipo de negociaciones que se dan y que afectan a todos los costarricenses, porque se encarecen las obras”, dijo.
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