La presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, advirtió este viernes que una eventual propuesta para grabar las conversaciones entre abogados y personas privadas de libertad atentaría contra el derecho fundamental a la defensa.
La magistrada hizo la observación a su llegada a la reunión sobre seguridad convocada por la presidenta Laura Fernández.
Allí, indicó que llegó con la expectativa de escuchar las propuestas en materia de seguridad que tenga en Ejecutivo. No obstante, crítico la idea planteada por Fernández de grabar en audio y video las visitas a reos en el ámbito de Máxima Seguridad de La Reforma, en Alajuela.
Solano manifestó preocupación por la posibilidad de que se pretenda registrar las conversaciones entre defensores e imputados.
“Lo que queremos ver son las propuestas que tenga que hacer. Espero no tener sorpresas como la última que tuvimos, de que lo que se pretende es grabar las conversaciones entre los abogados y las personas que representan, porque eso es un derecho fundamental de la persona que está sometida a un proceso”, manifestó.
La magistrada agregó que, desde su perspectiva, una medida de ese tipo resultaría incompatible con las garantías procesales.
“Por lo menos en mi cabeza no cabe solo pensar que quieran restringir el derecho a defensa y que graben lo que usted quiera hacer”, añadió.
La propuesta
La presidenta Laura Fernández anunció esta semana que propondrá grabar en audio y video las visitas a los privados de libertad ubicados en el módulo de Máxima Seguridad.
Según explicó, la medida busca impedir que los líderes criminales continúen comunicándose con integrantes de sus organizaciones desde prisión.
“Aunque están presos tienen visitas, reciben visitas de sus abogados defensores, siguen trayendo y llevando recados”, afirmó. Por el momento se desconocen los detalles de esta iniciativa de ley.
Consultada sobre la presentación de mapas de calor de la criminalidad que prepara el Gobierno, la magistrada indicó que esa información ya forma parte de las herramientas utilizadas por las autoridades judiciales.