Los problemas de financiamiento electoral tienen a los partidos a merced de políticos que obtienen el respaldo de financistas privados mediante transacciones poco transparentes, advirtió este jueves el informe Estado de la Nación 2024. Esta situación aumenta el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en las agrupaciones.
El informe recomendó priorizar el avance de reformas legales que corrijan este “flanco débil” del sistema político costarricense, y fustigó a la Asamblea Legislativa por relegar el tema antes de que se celebraran las elecciones municipales de febrero.
Para el Programa Estado de la Nación (PEN), la falta de avances para solventar el acceso desigual al financiamiento electoral “atenta contra la aspiración de contar con agrupaciones políticas estables”.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también destacó la necesidad de modificar el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos. Eugenia Zamora, presidenta del ente electoral, afirmó en una entrevista con La Nación, el pasado mes de mayo, que la reforma es prioritaria, de cara a los comicios del 2026.
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Por la relevancia del tema, el TSE presentó en marzo del 2023 un proyecto de ley que elevaría del 15% al 50% el porcentaje de anticipo de la deuda política, y extendería este beneficio a los comicios municipales, en los que actualmente no existe.
Sin embargo, esta disposición fue eliminada del texto por los diputados que integran la Comisión de Reformas Electorales. El expediente 23883 fue dictaminado de forma afirmativa, el 23 de setiembre de este año, con un texto sustituvo que excluye todas las propuestas relacionadas con la distribución de la deuda estatal.
El dictame alega que, en la corriente legislativa, “ya existen iniciativas al respecto”, por lo que se tomó la decisión de presentar un texto sustitutivo “que rescate todo lo demás de la iniciativa que pretende mejorar los controles del TSE en cuando al financiamiento de los partidos políticos”.
La versión que será discutida en el plenario legislativo sí conserva lo referente a destinar un 20% del aporte estatal a un fondo especial bajo administración del TSE, el cual se distribuiría equitativamente, entre todos los partidos, para pagar pauta publicitaria en medios de comunicación.
El proyecto también mantiene los incisos que prohíben a los partidos reconocer gastos en bienes y servicios pagados a integrantes del Comité Ejecutivo o a sus familiares, así como a personas jurídicas vinculadas con la agrupación.
¿Qué proponía el proyecto del TSE?
La Constitución Política establece en su artículo 96 que el “Estado contribuirá a sufragar los gastos de los partidos políticos” y estableció que la contribución equivaldrá al 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) del año trasanterior a las elecciones nacionales.
El TSE propuso elevar el porcentaje que se podría adelantar, así como cambiar la forma de los aportes.
La idea es que hasta un 80% se destinara a financiamientos directos y gastos del partido, previa comprobación, mientras que el restante 20% se pueda utilizar para financiamientos indirectos, es decir, pauta contratada, pagada y distribuida por el TSE, de forma equitativa, entre todos los partidos.
El TSE también propuso establecer que las agrupaciones destinen, como máximo, un 15% de la contribución estatal para sus reservas de capacitación y organización. Ese límite actualmente no existe.
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Elecciones son más democráticas, pero...
Según el Estado de la Nación, las elecciones locales del 2024 fueron las más democráticas de los últimos 30 años, gracias a la implementación de los dos cambios de mayor calado desde que en 1998 se reformó el Código Municipal para incrementar los cargos de elección popular y crear la figura del alcalde, antes conocido como ejecutivo municipal.
La primera novedad fue la ejecución de la ley que limitó la reelección indefinida y consecutiva de todos los cargos de elección popular en las comunidades, incluidas las alcaldías. Esta norma permite una sola reelección y, además, exige períodos de espera para volver a presentar una postulación.
El segundo cambio fue la implementación de una sentencia de la Sala Constitucional del 2023 en la que se exigió a los partidos políticos cumplir con el principio de paridad horizontal de género en la conformación de las papeletas
“Cada uno de estos cambios es, por sí solo, de gran trascendencia. El primero bloquea la entronización de liderazgos “permanentes” y obliga a la renovación de los partidos; el segundo mejora las oportunidades prácticas de la representación femenina en los gobiernos locales”, explica el documento.
No obstante, el informe destaca que, si bien el país apostó por democratizar las reglas para el acceso al poder y de la organización partidaria, lo hizo sin alterar el componente del financiamiento.
Además, las reformas fallaron en sus objetivos de favorecer el surgimiento de partidos políticos más estables y representativos, así como propiciar una nueva generación de liderazgos locales.
“La concurrencia ciudadana a las urnas no solo siguió siendo baja, sino que se redujo; el sistema de partidos siguió volátil y fluido y, aunque la circulación de élites es una realidad, ocurre al margen de los partidos políticos establecidos y en torno a liderazgos personalistas”, expuso el PEN.