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El bloque de oposición legislativa presentó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de la presidenta Laura Fernández que declaró secreto de Estado a la amplia información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de trabajo Fuerza Élite.
El bloque está conformado por el Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
“Con la seguridad, los derechos y la plata de la ciudadanía no se juega, por ello el Bloque Democrático (como se autodenominan) presentó una acción de inconstitucionalidad para frenar este atropello a la transparencia, al acceso a la información pública y al control fiscal”, argumentan desde la oposición.
Piden que la Sala dictar una medida cautelar: la suspensión inmediata del decreto, “por la gravedad de las amenazas que esta medida representa para la democracia y las finanzas del país”.
Los diputados opositores argumentan que se vulnera la Constitución Política, en cuanto a los artículos 27 y 30. Esos numerales resguardan el derecho fundamental de acceso a la información pública y el de petición.
“Un decreto de secreto de Estado sobre seguridad nacional, para que sea legítimo, tiene que ser excepcional y tiene que estar limitado a aspectos muy puntuales. Tiene que ser razonable y, además, es reserva de ley. No se puede mediante un decreto”, dijo la diputada Abril Gordienko, del PUSC.
Junto a ella, se encontraban los jefes de fracción del resto de la oposición: José María Villalta (FA), Álvaro Ramírez (PLN) y Claudia Dobles (CAC).
Advierten de presunto uso para perseguir opositores
Señalaron que consideran necesario proteger la seguridad del país, pero no a costa de los derechos y los recursos de la ciudadanía.
“Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos que todos aportamos y las instituciones responsables de fiscalizarlos deben poder cumplir con su función. Esta falta absoluta de fiscalización no solo propicia negocios poco transparentes con el Estado, sino que configura una amenaza real de persecución política mediante el uso discrecional y sin control del aparato de seguridad pública”, denuncia el bloque opositor.
Esas agrupaciones políticas califican de “cerco de opacidad” el decreto de Fernández. Señalan que ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras el concepto amplio de “seguridad nacional” deja a la ciudadanía en una “grave situación de indefensión” frente a “decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas” del gobierno de turno.
“Nos oponemos a que las políticas de seguridad se administren en la sombra bajo el pretexto de un ‘secreto de Estado’ fabricado a la medida”, dice el comunicado de la oposición.
Agregan que si bien algunos asuntos de seguridad deben mantenerse bajo reserva, esos casos deben ser excepcionales, proporcionales y justificados.
“Una declaratoria general e indiscriminada de secreto sobre información de esta naturaleza desborda el carácter excepcional que constitucionalmente puede atribuirse al secreto de Estado y convierte una limitación extraordinaria en una regla general de opacidad”, apunta la acción de inconstitucionalidad.
“Extender de forma desproporcionada esa excepción para blindar arbitrariamente contrataciones, licitaciones y decisiones administrativas desnaturaliza el espíritu del artículo 30 e incurre en un exceso interpretativo inaceptable que pisotea el derecho de fiscalización”, cierra el comunicado.
Secreto de Estado amplio
Al corte del jueves 13 de agosto, la Sala Constitucional confirmó que ha recibido tres gestiones contra el decreto de Fernández.
El decreto definió un amplio margen de elementos sujetos al secreto de Estado.
Sobre los documentos declarados, se incluyó, “pero no se limita”, lo relacionado con las formas de operación de la delincuencia organizada y las dinámicas policiales de prospección y despliegue, así como las capacidades operativas, los procedimientos especiales, los planes de respuesta, las estructuras de mando, los protocolos de intervención, los recursos tecnológicos y los mecanismos de inteligencia.
Además, incluye:
- La coordinación interinstitucional
- Las bitácoras de acuerdos
- Las presentaciones sobre diversas estrategias de acción policial
- Las gestiones de control
- Los protocolos de evaluación de confiabilidad y sus resultados
- Los planes de protección a funcionarios
- Las partidas, rubros de gastos y presupuestos
- Totalidad de las actuaciones y expedientes administrativos
- Estudios previos
- Requerimientos técnicos
- Ofertas
- Adjudicaciones
- Financiamientos
- Contratos
Asimismo, abarca fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública que se promuevan o ejecuten para el uso o en beneficio de los fines del Consejo, de la DIS y de la “Fuerza Élite”, así como las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos concretos generados en su seno.
En esa misma línea, el decreto declara secreto de Estado cualquier acción u operación relacionada con la seguridad y defensa nacionales que ordene o coordine la Presidencia de la República con el respectivo ministro del ramo o cualquier otro actor involucrado.
La declaratoria de secreto de Estado y la restricción absoluta de acceso regirán con independencia de que las contrataciones se realicen con instituciones del Estado, entes públicos no estatales, consorcios o entidades privadas, nacionales o extranjeras. El decreto establece, además, la prohibición de divulgar esta información.
Cualquier persona vinculada a los temas declarados secretos de Estado está obligada a guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que ahí se discutan o que de forma directa o indirecta puedan percibir y conocer con ocasión de su participación.
Según el decreto, a quien incumpla lo dispuesto se le aplicarán los procedimientos y las sanciones correspondientes al quebrantamiento del secreto de Estado, así como la finalización de la relación contractual de pleno derecho y sin responsabilidad para la Administración Pública.
Se declaró también como secreto de Estado la articulación institucional derivada del Decreto Ejecutivo 39449-MPSP, Reglamento sobre la Protección de los Jerarcas del Poder Ejecutivo y Dignatarios.
La Fuerza Élite está conformada por Fernández y otros altos jerarcas del Estado, como los ministros de Seguridad y Justicia, que se reúnen cada lunes.
Según el texto de la norma, la declaratoria responde al riesgo que representan estructuras criminales ligadas al narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero.
El gobierno argumentó que divulgar estos datos revelaría vulnerabilidades institucionales y pondría en peligro la vida de funcionarios y sus familias.
