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Las cuatro fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa coincidieron en impulsar el retorno a la negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), tal como lo establece la Constitución Política. Argumentan que el esquema anual vigente genera desgaste político e incertidumbre presupuestaria, además de que limita la planificación universitaria.
El artículo 85 de la Carta Magna no solo crea el FEES como mecanismo de financiamiento para la educación superior estatal, sino que también dispone un modelo de planificación de mediano plazo.
La norma determina que el órgano coordinador de la educación superior universitaria estatal debe elaborar un plan nacional —alineado con el Plan Nacional de Desarrollo— que incluya tanto gastos operativos como de inversión. Este plan debe definirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrir el quinquenio siguiente.
Sin embargo, la última negociación bajo este esquema se realizó para el periodo 2010-2015. Desde entonces, el FEES se define año a año mediante negociaciones entre el Poder Ejecutivo y las universidades.
En los presupuestos para el 2024 y el 2027, las negociaciones culminaron sin acuerdo entre las partes. Para ambos años, el Gobierno se negó a incrementar el monto con respecto al año previo, alegando ausencia de presiones inflacionarias.
Ante este panorama, las bancadas de oposición acordaron instar a las partes para que vuelvan a una negociación quinquenal del FEES y que, mediante este mecanismo, se garantice un crecimiento en términos reales de la asignación presupuestaria. Así consta en el pacto suscrito por las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
La peor de todas las formas de negociación
Para Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN, la forma actual de negociar el FEES “es la peor de todas”. Consideró necesario que las partes tomen conciencia de que “la única forma de tener una educación superior de buena calidad, y que esa inversión redunde en la equidad, es a través de la planificación a mediano plazo”.
Según Ramírez, no es posible que las universidades públicas planifiquen año a año aspectos tan relevantes como la apertura de nuevas sedes o la ampliación de cobertura hacia poblaciones generalmente excluidas.
El verdiblanco afirmó que el modelo quinquenal permitiría reducir la fricción política y mejorar la calidad de la programación financiera, lo que debería traducirse en mayor eficiencia y equidad en el uso de la inversión pública.
Claudia Dobles, de la bancada unipersonal de la CAC, alegó que la negociación anual del FEES respondió a una coyuntura económica adversa que enfrentaba el país alrededor del 2016, pero que esa situación ya no persiste.
Por ello, consideró que no se justifica mantener ese esquema. Además, señaló que la oposición se mantendrá vigilante de que el presupuesto nacional priorice al menos dos sectores clave: educación y seguridad.
Universidades son las más golpeadas
Abril Gordienko, de la bancada unipersonal del PUSC, coincidió en que la discusión anual produce un gran desgaste, tanto para el Ejecutivo como para las universidades y el resto de la sociedad.
No obstante, señaló que quienes resultan más afectadas en ese pulso anual son las universidades, cuya imagen pública termina deteriorándose.
Por su parte, José María Villalta, jefe de fracción del FA, reconoció que, aunque no se requiere una reforma para volver al esquema quinquenal —pues ya está establecido constitucionalmente—, sí es posible impulsar ese retorno mediante el control político.
“Es algo que puede plantearse en la discusión del presupuesto. Nos están presentando negociaciones del FEES anuales que no cumplen con lo que dice la Constitución, y nosotros, desde el control político podemos exigir y promover que se vuelva a esa negociación quinquenal”, destacó.
El frenteamplista aseguró que los rectores “se metieron en un callejón sin salida o una trampa” al aceptar una negociación anual, “porque ahora están negociando todos los años con un gobierno muy hostil. Tal vez consideran que no es el mejor momento para volver al esquema quinquenal, pero quienes salen perdiendo son las universidades, porque no pueden planificar su presupuesto”.
