El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le decomisó el teléfono celular al alcalde de Coto Brus, Rafael Ángel Navarro Umaña, bajo la hipótesis de que habría solicitado a un grupo sospechoso que se le cancelara o eliminara, de forma ilegal, una deuda fiscal con la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda.
El decomiso se efectuó dentro de una investigación contra personas dedicadas a eliminar deudas tributarias. Se trata del presunto delito de defraudación fiscal.
Navarro Umaña es uno de los 14 alcaldes que dejaron sus partidos políticos para darle la adhesión al chavismo. Él se salió del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La gestión de la Policía Judicial la confirmó este jueves por la tarde el director del OIJ, Randall Zúñiga. Dentro de las diligencias, se hicieron varios allanamientos en Moravia y Alajuelita, dirigidos por la Sección de Anticorrupción de la policía judicial.
En diciembre de 2023, se detuvo a una mujer que se dedicaba a eliminar deudas tributarias en los sistemas del Ministerio de Hacienda. Dentro del mismo caso, este jueves fueron detenidas otras dos personas, de origen oriental: una mujer de apellido He, de 40 años, y un hombre de apellido Ng, de 48.
Zúñiga destacó que esas dos personas presuntamente fungían como intermediarios para que se pudieran hacer estas eliminaciones de las deudas tributarias con Hacienda.
El OIJ confirmó que, en el caso de Rafael Ángel Navarro, no fue detenido, y se detalló que su teléfono celular fue decomisado en la vía pública, frente a la residencia del alcalde.
Navarro se pasó al chavismo bajo el argumento de que con el oficialismo se siente fortalecido y dijo, en agosto pasado, que es amigo de Laura Fernández, desde hace mucho tiempo, quien precisamente lo visitó en la zona sur antes de oficializarse como candidata.
Además del teléfono del alcalde municipal, también se les decomisaron sus aparatos celulares a varios abogados y contadores, que presuntamente habrían contactado a los orientales para que les borraran sus deudas con Hacienda.
“De acuerdo a la línea investigativa, se continúa con las demás diligencias. En el caso de los dos orientales detenidos, se están poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales para lo correspondiente”, dijo el director del OIJ.
En diciembre de 2023, el OIJ detuvo a una funcionaria de la Dirección General de Tributación (DGT), como sospechosa de eliminar 846 deudas de contribuyentes, en los sistemas del Ministerio de Hacienda.
Dicha detención se dio luego de una investigación coordinada con la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) del Ministerio Público.
La mujer, de apellido Quesada, tenía 20 años de laborar en Tributación y, con las 846 gestiones ilegales que habría hecho, habría desaparecido deudas por más de ¢462 millones.
En el caso de Quesada, se le investiga por el presunto delito de responsabilidad penal del funcionario público por acción u omisión culposa, establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
La investigación inició en octubre de 2023, luego de una denuncia de la Administración Tributaria ante la Fapta y el OIJ.
