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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió este miércoles a la situación fiscal con la que cerró el Gobierno Central en el 2025, año en que la deuda pública superó de nuevo el 60% del producto interno bruto (PIB), lo que impedirá aumentar salarios a empleados públicos en el 2027 y acarreará mayores restricciones de gasto a la administración de la mandataria electa, Laura Fernández.
Este escenario también conllevará un menor margen para la inversión en obra pública. Ante una consulta de La Nación sobre la ruta para salir de esta situación fiscal, el mandatario indicó que “lo que hay que seguir haciendo es lo mismo”.
En el 2024, la deuda había bajado a un 58,9% del pib después de cuatro años por encima del 60%, pero en el 2025 la situación empeoró de nuevo.
“A mí no me avergüenza que hayamos pasado al 60,5% (en 2025), porque la recibimos en 68% (en 2022). Yo estoy seguro de que lo que reclamaron los irresponsables fiscalmente —que había que echarle más plata a la educación cuando hay menos niños en las escuelas, echarle más plata al IMA irresponsable que existía antes, contrario al que existe hoy— hubiera hecho que la deuda/PIB estuviera similar a la que le heredó el país Carlos Alvarado Quesada”, señaló.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, indicó que un factor importante en lo ocurrido fue la aprobación de tres proyectos de exenciones adicionales que generaron una reducción de $400 millones en ingresos. Uno de ellos es la reducción del marchamo.
“Estamos hablando del proyecto que reduce el impuesto a la propiedad de vehículos, el que incrementa el mínimo exento a personas físicas con actividad lucrativa y el que otorga beneficios adicionales a pequeñas y medianas empresas”, agregó.
Explicó que este escenario no implica recortes ni una reducción del presupuesto, sino que el techo de la regla fiscal se ubica alrededor del 4%; es decir, según el jerarca, el gasto crecería únicamente un 4% para el 2027.
Supera el umbral del 60%
El Ministerio de Hacienda divulgó este martes el resultado de las finanzas del Gobierno Central. De acuerdo con el informe, el año pasado finalizó con una deuda externa equivalente al 15% del PIB y una interna del 45,4%, para un total de 60,4% del producto interno bruto.
En el 2024, la razón deuda/PIB se ubicó en 58,9%, lo que permitió al Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional del 2026 ingresar a un tramo menos restrictivo de la regla fiscal. Es decir, con un mayor margen para incrementar el gasto. De hecho, ya se anunció un aumento salarial, de entre ¢10.000 y ¢20.000, para empleados públicos con salarios compuestos para este año, pero tal posibilidad ya no estará disponible para el 2027.
Lo anterior obedece a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone que, cuando la deuda baja del 60% del PIB, se aplican límites más flexibles al crecimiento del gasto del año posterior al siguiente, lo que permite que este aumente por encima del promedio del PIB nominal.
Sin embargo, al superar ese umbral en el 2025, el Ejecutivo deberá volver al nivel más estricto de la regla en 2027, con topes más severos para el aumento del gasto público.
En la práctica, este escenario implica límites a los incrementos salariales en el sector público y un menor margen para la inversión de obra pública. En el caso de las pensiones, por ejemplo, únicamente se aplicarían ajustes por costo de vida.
Impacto en salarios y obra pública
La regla fiscal establece, en su título IV, que cuando la deuda pública sea igual o superior al 60% del PIB no se otorgarán alzas en el salario base ni en otros incentivos. La disposición comenzó a regir en el 2022, tras el repunte del endeudamiento en Costa Rica, lo que implicó casi cuatro años sin ajustes salariales ni en pensiones.
