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La exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa le solicitó al Ministerio Público que gestione arresto domiciliario con tobillera electrónica al también exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (PNR), para impedirle salir del país mientras se resuelve el proceso judicial por presunto abuso sexual presentado por ella contra el exlegislador evangélico.
Se trata de una de las medidas cautelares que David Delgado, abogado de Azofeifa, planteó este jueves en la sede de la Fiscalía General de la República, donde se sigue tramitando el proceso contra Alvarado. Si la propuesta es avalada por el fiscal a cargo del caso, la planteará ante el juez penal, para que resuelva según dicta la ley.
Adicionalmente, la denunciante pidió, entre las medidas cautelares principales, que el exdiputado entregue todos sus pasaportes ante la autoridad judicial y se le imponga la prohibición de comunicarse con los testigos de cargo ofrecidos y la obligación de firmar una vez al mes en un despacho judicial.
“Hemos hecho una instancia muy respetuosa al Ministerio Público para que valore el hecho de que Fabricio Alvarado se encuentra fuera del país, como un potencial riesgo de evasión de un proceso penal que él debe hacer frente en Costa Rica.
Otra prohibición solicitada por Marulin Azofeifa para Fabricio Alvarado es la de tener comunicación directamente con ella o por interpósita persona, para no causarle ninguna perturbación, ni acercarse a 500 metros de ella.
Alicia Castillo, una ciudadana que también denunció penalmente a Alvarado porque, presuntamente, sufrió abuso sexual cuando ella tenía 13 años y el excongresista tenía 32, presentó la misma solicitud de medidas cautelares este mediodía. A Castillo la representó, en la Fiscalía, el abogado José Andrés Pacheco.
El representante legal de Castillo también pidió medidas similares a las pedidas por la representación de Azofeifa.
Aunque al ahora exdiputado lo salvaron de una sanción administrativa los miembros del bloque chavista fabricista, liderado por Pilar Cisneros, miembros de Nueva República, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) e independientes, aún sigue su curso la denuncia penal presentada por Azofeifa, en el Ministerio Público.
No obstante, como Alvarado perdió su calidad de miembro de un supremo poder, el expediente debe pasar de manos del fiscal general, Carlo Díaz, a la Fiscalía de Género.
Orden de captura internacional para Fabricio Alvarado
En caso de que el exlegislador evangélico no regrese al país del viaje que inició el pasado jueves 30 de abril, la representación legal de Marulin Azofeifa pidió que se gire una orden de captura internacional para Alvarado y que sea presentado a la brevedad ante el Ministerio Público.
“Que se gire una alerta internacional, con dicha orden de captura, a través de la Policía Internacional (Interpol)”, es otra de las medidas requeridas por la denunciante.
Si en esa hipótesis es detenido en el extranjero, y traído al país, Azofeifa pidió que se le dicte prisión preventiva a Alvarado.
Empero, se presume que Alvarado regrese a Costa Rica este viernes. Además, está citado a declarar ante un fiscal el próximo martes.
“Don Fabricio tiene que ser indagado por el Ministerio Públlico, no solo por el caso de la exdiputada, sino también por denuncias de dos personas más, que forman parte de una acumulación de expedientes. Dentro de la indagatoria, ya es el momento en que formalmente se le pone en conocimiento de que hay una investigación en su contra y podríamos llamarlo un imputado por delitos sexuales”, dijo Delgado.
El abogado aseguró que las medidas son necesarias porque hay una obligación del Estado para evitar impunidad, pues consideró que hay un grave peligro de fuga, pues no tiene un nombramiento en el gobierno ni vínculo laboral conocido.
“Ya demostró que horas antes de perder la inmunidad, pudo irse del país, tiene medios económicos, apoyo internacional y trayectoria política, eso podría obstaculizar el proceso de investigación”, agregó.
Delgado indicó que ya Alvarado logró evitar que la Asamblea Legislativa se pronunciara sobre el presunto hostigamiento sexual, gracias a su alianza con los exdiputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), lo que permitió el bloque a la sanción administrativa.
El abogado de Alicia Castillo, José Andrés Pacheco, está pidiendo que Alvarado se presente en la Fiscalía para su indagatoria.
“Después de realizar esta diligencia, se pide dictar medidas en contra de don Fabricio y en favor de la investigación, entre ellas entregar el pasaporte, mantener domicilio fijo y actualizado”, comentó el abogado.
Pacheco indicó que esas medidas serían mínimas para que no vuelva a suceder que salga del país mientras este proceso culmine y no entorpezca el proceso.
“Como tesis subsidiaria, estamos pidiendo que la Fiscalía lo valore y determine si es necesario solicitar una orden de captura internacional”, dijo.
