Antes de ser diputada oficialista, Marta Esquivel dejó por escrito en la Sala Constitucional un criterio claro: la prensa debe contar con “las mayores facilidades” para cubrir el trabajo legislativo, especialmente en asuntos de interés público como los nombramientos.
Sin embargo, ya como integrante del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Esquivel instauró restricciones al ingreso de la prensa durante una audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
La actuación actual de la legisladora contrasta con la posición que ella misma plasmó en la resolución 19958-2018, que redactó como magistrada suplente de la Sala Constitucional. En ese fallo, el tribunal declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por el periodista Luis Manuel Madrigal, del medio digital Delfino.cr, contra la entonces presidenta legislativa Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El caso surgió luego de que oficiales de seguridad del Congreso impidieran el ingreso de la prensa al plenario durante la juramentación del magistrado Jorge Araya García.
En ese voto, Esquivel fue enfática al subrayar la relevancia de la labor periodística: “es fundamental que los periodistas que laboran para los diferentes medios de comunicación colectiva, en especial quienes cubren el acontecer parlamentario, gocen de las mayores facilidades para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que esta goce de una plena libertad”.
Madrigal reclamó que los oficiales de seguridad de la Asamblea impidieran que los medios de comunicación ingresaran al plenario para hacer tomas y fotografías del momento de la juramentación, al punto de llegar a forcejear para evitar el acceso.
La conducta de los funcionarios fue contraria a la costumbre registrada en todas las juramentaciones anteriores, de cualquier cargo de elección del Congreso, en las que sí se autorizó la entrada a los periodistas al recinto para cumplir con su labor.
Importancia de la labor periodística
En la sentencia, Esquivel también destacó el interés público de este tipo de procesos: “los asuntos relacionados a los nombramientos que dependen de la Asamblea Legislativa, son de gran interés público y, por ello, los distintos medios de comunicación informan a la colectividad con frecuencia”.
Además, la entonces magistrada no solo vinculó la labor periodística con la libertad de expresión, sino también con el derecho de la ciudadanía a estar informada. “Los órganos y entes públicos se encuentran en el deber de adoptar las medidas correspondientes para que pueda informarse a los y las habitantes de la República sobre las acciones y acontecimientos que se producen o desarrollan en la Asamblea Legislativa”, consignó.
Pese estas posturas, externadas en 2018, Esquivel, como diputada oficialista y presidenta de la Comisión de Nombramientos, negó este lunes el acceso a cámaras de televisión y limitó la entrada de fotógrafos a pocos minutos, para lo cual suspendió temporalmente la audiencia.
La comparecencia de Aguirre forma parte del proceso a cargo de la comisión legislativa para definir la metodología del nombramiento de quien sustituirá a la exmagistrada Sandra Zúñiga en la Sala de Casación Penal, tras su jubilación el pasado 1.° de junio.
Consultada sobre el cambio en la dinámica, la legisladora defendió su actuación. “Se les dio chance tipo 9:30, pero no estaban todos; entonces no puedo estar suspendiendo y prefiero hacer un receso para no interrumpir a los expositores”, afirmó. Además, sostuvo que “realmente no se está impidiendo nada” y remitió a los medios a seguir la transmisión en vivo del Congreso.
No es la primera vez que Esquivel entra en contradicción con los criterios que defendió cuando ejerció como magistrada suplente de la Sala Constitucional.
En 2019, respaldó la intervención de ese tribunal en reclamos relacionados con las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sin embargo, seis años después, en 2026, calificó como “ticos con corona” a los costarricenses que recurren a recursos de amparo contra la institución para acceder a atención médica.