El canciller Manuel Tovar rechazó que las acciones de Israel en Gaza constituyan un genocidio y defendió la relación histórica de Costa Rica con ese país, pese a que investigaciones de Naciones Unidas (ONU) han señalado actos genocidas y la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene órdenes de captura contra altos líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra.
Durante una entrevista el pasado 7 de julio en el programa No Mientas Show, Tovar fue consultado directamente sobre las denuncias de genocidio contra Israel. “Bueno, nosotros no lo vemos así. Obviamente es una guerra y en toda guerra hay víctimas de todos los lados, víctimas dolorosas en todos los lados, pero Israel ejerció su derecho legítimo a defenderse”, afirmó.
El jerarca también caracterizó el conflicto como una guerra “asimétrica” para Israel, en la que —según dijo— Hamás utiliza a la población civil como escudo. “Hamás lucha una guerra escudándose, usando como rehenes a su propia población, mandando misiles desde hospitales y epicentros civiles”, señaló.
Las declaraciones de Tovar contrastan con informes internacionales que categorizan como de genocidas las acciones israelíes contra los palestinos en la Franja de Gaza.
Informes salidos del seno de la ONU
En junio de este año, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados acusó al Gobierno israelí de “cometer un genocidio” y perpetrar “crímenes atroces” contra niños palestinos, a quienes —según el informe— se habría atacado de forma deliberada.
Ese señalamiento refuerza conclusiones previas. En setiembre de 2025, una comisión de expertos independientes creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU determinó que autoridades y fuerzas de seguridad israelíes han cometido actos que encajan en cuatro de los cinco criterios que configuran el delito de genocidio.
El informe también apuntó a que figuras como el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant habrían incitado este tipo de conductas sin que existieran sanciones internas.
Corte Penal Internacional ordenó arresto de Netanyahu
En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el 21 de noviembre de 2024 órdenes de detención contra Netanyahu, Gallant y el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta decisión implica que los 125 Estados parte del Estatuto de Roma —entre ellos Costa Rica— están obligados a arrestarlos si ingresan a su territorio.
Tovar enfocó su intervención a destacar la relación entre Costa Rica e Israel. Alegó que este vínculo siempre ha sido “congruente y consistente”, pero que en las administraciones anteriores se habría dado un distanciamiento de esa línea. “Más bien, esa consistencia se perdió en los últimos años, en el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), pero más dramatizado ese distanciamiento en los gobiernos del PAC (Partido Acción Ciudadana)”, externó.
Fue justamente en el 2007, durante la segunda administración de Arias, que Costa Rica reconoció al Estado de Palestina.
“En el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles volvimos a acercarnos a Israel, precisamente por esa consistencia histórica que hemos tenido con el pueblo judío y el Estado de Israel”, agregó.
Estados Unidos amenaza a la CPI
El contexto internacional añade otra capa de complejidad. Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha intensificado su confrontación con la CPI. Este 13 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una campaña para desmantelar al tribunal internacional, al que calificó como una amenaza para la soberanía estadounidense. Entre las medidas planteadas, se incluye instar a países aliados —especialmente aquellos que cooperan en seguridad con Washington— a rechazar la jurisdicción de la Corte.
Esta no es la primera vez que Estados Unidos arremete contra la Corte Penal Internacional (CPI). En 2025, Washington impuso sanciones a jueces y fiscales del tribunal. Según argumentó el secretario de Estado, Marco Rubio, las medidas respondieron a intentos de investigar o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel “sin el consentimiento de ninguna de las dos naciones”.
En respuesta, la CPI calificó esas sanciones como “un ataque flagrante” contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa bajo el mandato de 125 Estados parte. Además, advirtió que constituyen una afrenta contra esos países, el orden internacional basado en reglas y, “sobre todo, millones de víctimas inocentes en todo el mundo”.