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Tras la propuesta de la futura presidenta del Congreso, Yara Jiménez, del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), de limitar la labor de control político, los diputados electos para el periodo 2026-2030 expusieron sus posiciones sobre esta posibilidad y su eventual impacto en el trabajo legislativo.
Una consulta de La Nación a 38 futuros congresistas, realizada el pasado martes tras la entrega de credenciales en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), evidenció matices en las posturas.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien afirmó que estos espacios “no producen nada, son un quéjese aquí, es una sacadera de clavos, hasta de chismes”.
Diputados en contra de limitar el control político
En partidos como Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), los diputados coinciden en que el control político forma parte de las funciones esenciales del Congreso, tanto para fiscalizar al Poder Ejecutivo como para canalizar las demandas ciudadanas.
Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del PLN, señaló que no respalda limitar este mecanismo, al tratarse de un derecho constitucional clave para el funcionamiento de la Asamblea y para que la ciudadanía pueda exigir cuentas al Estado.
En la misma línea, Karol Matamoros, diputada electa del PLN por Guanacaste, indicó no estar de acuerdo, al considerar que “es una herramienta que le permite a la población costarricense conocer cómo se está llevando a cabo la gestión legislativa y dar a conocer el pluralismo ideológico de la democracia de Costa Rica”.
Desde el Frente Amplio (FA), las posiciones son aún más contundentes. Legisladores como Antonio Trejos, por San José; José María Villalta, también por San José; y María Eugenia Román, por Heredia, advirtieron que restringir este espacio implicaría debilitar una de las principales funciones del Congreso y afectar los mecanismos de fiscalización y transparencia.
“Lo que quieren es tener un gobierno que haga lo que le dé la gana y que ningún ciudadano se entere de lo que está pasando y nadie pueda controlarlo”, indicó Villalta.
“Al que se le ocurra eso es una seña más de autoritarismo y que no quiere debate dentro del Congreso”, agregó Edgardo Araya, legislador frenteamplista por Alajuela.
En esa misma línea, Abril Gordienko, diputada electa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) por San José, también manifestó su desacuerdo con la idea de limitar el control político.
Oficialismo plantea limitarlo
En contraste, dentro del chavista Pueblo Soberano apoyan introducir cambios en la forma en que se ejerce el control político, aunque con distintos matices.
Algunos diputados consideran que el uso actual de este espacio afecta la productividad legislativa. En ese sentido, proponen limitar o regular su aplicación para enfocar el trabajo en la discusión y aprobación de proyectos de ley.
Cindy Murillo, diputada electa por Guanacaste, y Esmeralda Britton, por San José, se mostraron a favor de reducir este tipo de intervenciones si ello contribuye a avanzar en temas pendientes para el país.
“Nosotros queremos llegar a quitar todas esas trabas que hay en este momento en la Asamblea, porque hay proyectos de más de 20 años que son prioritarios para el país y que al día de hoy no han llegado a votación. Queremos llegar a legislar y, si es necesario reducir ese control político para el bien del país y dedicarnos a sacar proyectos, ¿por qué no?”, manifestó Murillo.
Mientras tanto, otros legisladores de la misma bancada, como Gerald Bogantes, diputado electo por Alajuela, y Kattia Calvo, por Limón, plantean más bien la necesidad de reglamentarlo para evitar abusos y elevar la calidad del debate.
“Ha sido utilizado como un pleito de gallinero y eso es horrible. Los costarricenses se merecen discusiones de altura, y regularlo para evitar las faltas de respeto es una gran idea”, indicó Calvo.
Incluso, dentro del oficialismo hay posiciones más moderadas. Algunos diputados, como José Miguel Villalobos, por Alajuela, y Robert Barrantes, por Cartago, sostienen que el control político debe mantenerse conforme al ordenamiento jurídico, pero con mayor eficiencia en su uso.
Diputados llaman a un equilibrio
Más allá de la división entre oficialismo y oposición, algunos legisladores plantearon la necesidad de encontrar un punto medio entre la fiscalización y la eficiencia legislativa.
Desde la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, diputada electa por San José, señaló que el control político es un mandato constitucional, aunque consideró válido discutir mecanismos para evitar abusos y garantizar un uso responsable.
“Habrá que entender un poco mejor a qué se refieren las personas que han hablado de limitarlo. Ahora, que no haya abusos y que ese control político se dé de manera seria y respetuosa, me parece que se puede discutir”, dijo.
En esa misma línea, diputados como Mangell MacLean, del PLN por Limón, apuntan a que el Congreso debe buscar mayor eficiencia sin perder de vista su rol como espacio de representación y control.
El legislador indicó que la propuesta debe revisarse con el oficialismo, “para ver qué puede salir y que todos estemos satisfechos”.
“Queremos ser la Asamblea más eficiente de la historia de Costa Rica y para ello hay que tomar algunas decisiones; sin embargo, nosotros somos la voz de mucha gente. Entonces queremos apoyar al Gobierno, pero también hay que levantar la voz cuando algún tema no nos conviene a los de las costas o al país”, dijo.
