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La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este domingo que convocará a los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial para acordar acciones en materia de seguridad, y se comprometió a rendir informes trimestrales sobre las medidas ejecutadas.
Fernández hizo el anuncio durante la tradicional Cadena Nacional, que transmite Casa Presidencial cada domingo.
La mandataria no precisó la fecha del encuentro, pero adelantó que en la reunión se definirán “metas, responsables y plazos”. Además, aseguró que cada tres meses informará al país sobre los avances y el cumplimiento de obligaciones por parte de cada institución.
Añadió que “la tensión entre poderes no es una pelea entre instituciones”, sino un llamado a proteger la vida, recuperar el sosiego en los barrios y devolver la tranquilidad a las familias.
La propuesta surge luego de que el Poder Judicial declinó participar en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el Ejecutivo el pasado 20 de julio.
Condiciones del Poder Judicial
Consultado el 7 de agosto por La Nación, el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, reiteró su disposición a participar en un nuevo espacio de diálogo, pero advirtió que no negociará aspectos relacionados con la independencia judicial ni con las competencias de los jueces.
“Siempre hemos sido muy claros que tenemos una vocación al diálogo. A través del diálogo es la única forma en que se pueden abordar con éxito los problemas esenciales que tiene este país”, afirmó.
Sin embargo, enfatizó que ese acercamiento debe darse en un marco definido: “Tiene que ser un diálogo sincero y respetuoso. Cuando digo sincero es con objetivos claros y con el compromiso de que debe existir un respeto”.
El jerarca subrayó que el Poder Judicial mantiene una disposición permanente para conversar, pero con límites definidos. “Hay líneas que no se pueden traspasar”, advirtió.
Entre esas líneas, destacó cualquier intento de discutir decisiones jurisdiccionales. Descartó que sobre la mesa pudieran colocarse temas para negociación, como los vinculados con “las competencias de los jueces” o “cómo deben fallar los jueces o cuáles temas deben o no abordar los jueces”.
“Esa es una línea que no se puede traspasar”, subrayó.
Aguirre explicó que la ausencia en la convocatoria anterior respondió a razones concretas. En la nota enviada a la Presidencia, alegó que habría sido “incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad mientras se exige un recorte que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva”..
Esto ocurre luego de que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, solicitó al Poder Judicial recortar ¢27.000 millones del presupuesto institucional para lo que resta de 2026 y ¢26.549 millones para 2027.
Además, cuestionó que en la agenda del encuentro se incluyeran asuntos sensibles para la independencia judicial, como “competencias de los jueces de ejecución de la pena”.
El jerarca judicial reconoció a este medio el “deber de dialogar” con el Ejecutivo para atender la crisis de seguridad que enfrenta el país, pero reiteró que esas conversaciones no pueden incluir “temas que tengan que ver con la jurisdicción”, ya que estos asuntos “están al otro lado de esa línea” que el Poder Judicial rechaza traspasar.
