El Poder Judicial reiteró su disposición a participar en un nuevo espacio de diálogo con el Gobierno, pero advirtió que no negociará aspectos relacionados con la independencia judicial ni las competencias de los jueces.
Así lo indicó Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial, durante una entrevista con La Nación, luego de que Pilar Cisneros, exdiputada y actual asesora de la presidenta Laura Fernández, adelantara que la mandataria anunciará este domingo, mediante cadena nacional, una nueva convocatoria por parte del Ejecutivo.
Cisneros adelanta nueva convocatoria del Ejecutivo
Cisneros fue consultada, la noche del jueves, por el copresentador del programa No Mientas Show, Jorge Obando, sobre una eventual convocatoria a los supremos poderes. La exlegisladora respondió: “Lo invito a ver la cadena del domingo de doña Laura Fernández, lo invito a verla, ahí le contesto”.
Ante la falta de claridad en su respuesta, agregó que “va a ser una nueva convocatoria y los va a volver a invitar. Yo quiero ver si el Poder Judicial con humildad y con deseo de solucionar esta crisis, se va a sentar, ahora sí, en esas sillas, o va a volver a dejar plantada a la presidenta de la República”.
El reclamo de Cisneros responde a la decisión del Poder Judicial de declinar participar en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el Ejecutivo el pasado 20 de julio.
Aguirre defendió esa decisión y reiteró la apertura al diálogo, pero bajo condiciones claras. “Siempre hemos sido muy claros que tenemos una vocación al diálogo. A través del diálogo es la única forma en que se pueden abordar con éxito los problemas esenciales que tiene este país”, afirmó.
Sin embargo, enfatizó que ese acercamiento debe darse en un marco definido: “Tiene que ser un diálogo sincero y respetuoso. Cuando digo sincero es con objetivos claros y con el compromiso de que debe existir un respeto”.
Poder Judicial marca límites: “Hay líneas que no se pueden traspasar”
El jerarca subrayó que el Poder Judicial mantiene disposición permanente para conversar, pero con límites definidos. “Hay líneas que no se pueden traspasar”, advirtió.
Entre esas líneas, destacó cualquier intento de discutir decisiones jurisdiccionales. Descartó que sobre la mesa puedan colocarse temas para negociación, como los vinculados con “las competencias de los jueces” o “cómo deben fallar los jueces o cuáles temas deben o no abordar los jueces”.
“Esa es una línea que no se puede traspasar”, subrayó.
Aguirre explicó que la ausencia en la convocatoria anterior respondió a razones concretas. En la nota enviada a la Presidencia, alegó que habría sido “incoherente deliberar sobre el fortalecimiento de la seguridad mientras se exige un recorte que debilita las capacidades necesarias para hacerla efectiva”.
Esto, luego de que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, solicitara al Poder Judicial recortar ¢27.000 millones del presupuesto institucional para lo que resta de 2026 y ¢26.549 millones para 2027.
Además, cuestionó que en la agenda del encuentro se incluyeran asuntos sensibles para la independencia judicial, como “competencias de los jueces de ejecución de la pena”.
Según comunicó Aguirre en aquel momento, la participación del presidente de la Corte y de la presidenta de la Sala Tercera de Casación Penal, Patricia Solano, “podría dar lugar a valoraciones o compromisos susceptibles de condicionar, directa o indirectamente, la independencia de criterio que deben conservar quienes intervienen en la resolución de asuntos concretos”.
Al respecto, el jerarca judicial reconoció a este medio el “deber de dialogar” con el Ejecutivo para atender la crisis de seguridad que enfrenta el país, pero reiteró que esas conversaciones no pueden incluir “temas que tengan que ver con la jurisdicción”, ya que estos asuntos “están al otro lado de esa línea” que el Poder Judicial rechaza traspasar.
Esfuerzos desde la administración pasada
Aguirre argumentó que, desde el inicio de su gestión, él mismo promovió espacios de acercamiento entre los supremos poderes. Según indicó, impulsó reuniones con los entonces presidentes del Ejecutivo y el Legislativo, Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias, para abordar reformas legales en materia de seguridad y justicia.
De esos encuentros, afirmó, hubo resultados mixtos. “Se llevaron a cabo tres reuniones para tratar temas concretos y siempre estuvimos abiertos a tratar esos temas. Se produjo o hubo algunos frutos”, señaló. No obstante, añadió que varias iniciativas no avanzaron por decisión del Ejecutivo: “otros se quedaron en el camino porque el mismo Gobierno no quiso llevarlos adelante”.
El magistrado insistió en que esa experiencia reafirma la disposición del Poder Judicial a sentarse nuevamente a dialogar, especialmente en el contexto actual. “En este momento tenemos claro que hay un sector importante de la población que no está de acuerdo con una deriva hacia lo autoritario, en una afectación de la independencia judicial. E un momento como este, me parece, se impone precisamente el diálogo”, resaltó.
A su juicio, el diálogo sigue siendo el mecanismo más adecuado para procesar “para abordar problemas cuando existen actores que piensan diferente en cuanto a la solución de esos problemas”.