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El Juzgado Contencioso Administrativo no logró encontrar al expresidente Rodrigo Chaves para notificarle una demanda en su contra por retirar la declaratoria de interés cultural a la marcha Pride 2024, un día antes de que el evento se celebrara.
El fallo, del viernes 22 de mayo, indica que el ahora ministro de Presidencia y Hacienda debe señalar “una nueva dirección, suministrando la provincia, el cantón, el distrito, así como suministrando todos los puntos cardinales y señas necesarias, para llevar a cabo el acto de comunicación que interesa, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, no se atenderán futuras gestiones”.
CRHoy reportó este miércoles que la demanda nace de la condena de la Sala Constitucional del 22 de noviembre del 2024, la cual concluyó que Chaves careció de sustento objetivo y técnico para retirar la declaratoria.
Aal informar de la derogatoria, Chaves también destituyó a Nayuribe Guadamuz Rosales como jerarca de Cultura y Juventud, por gestionar la declaratoria de interés cultural sin su autorización o la de su despacho. En esa misma fecha, Chaves cesó, por los mismos hechos, al excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz.
Los accionantes, representados por el abogado Giovanni Delgado, consideran que Chaves también debe encargarse del pago, a título personal, bajo la figura de responsabilidad solidaria.
El medio digital detalló que el Juzgado intentó notificar el 15 de mayo en Casa Presidencial, pero no ubicaron al exmandatario.
En su resolución, la Sala definió que la declaratoria de interés cultural no necesariamente implica beneficios fiscales o materiales, pero sí tiene un impacto significativo en la visibilidad y sensibilización de la sociedad hacia el evento y la población meta.
A pesar de que la organización ya había obtenido la declaración, esta fue revocada de forma arbitraria. De esta forma, los magistrados condenaron al Estado al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados por el retiro de la declaratoria de interés. En estos casos, para definir el monto, el proceso se traslada al Juzgado Contencioso Administrativo.
El fallo del 22 de mayo, emitido por la jueza Oriana Dávila, indicó que la notificación sí fue recibida por el procurador adjunto Héctor García Villegas, “a fin de que represente los intereses del Estado en el presente litigio”.
