Al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo, los jueces concluyeron que la decisión de Chaves careció de sustento objetivo y técnico. “Resulta claro para el Tribunal Constitucional que se está haciendo uso de una posición de poder para dejar sin efecto un acto previamente emitido de conformidad con el ordenamiento”, informó la Sala.
En su resolución, los magistrados condenaron al Estado al pago de costas, daños y prejuicios ocasionados por el retiro de la declaratoria de interés.
Según la sentencia (2024-035183), la declaratoria de interés cultural no necesariamente implica beneficios fiscales o materiales, pero sí tiene un impacto significativo en la visibilidad y sensibilización de la sociedad hacia el evento y la población meta.
No todas las solicitudes de declaratoria deben ser aprobadas obligatoriamente, ya que los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento para el Trámite de Declaratorias de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud.
En este caso, cuando los organizadores ya habían obtenido la declaración, el presidente la anuló sin argumentos válidos. La Sala enfatizó que una declaratoria no puede ser revocada de manera arbitraria.
Por otra parte, los magistrados declaron sin lugar lo relativo a la presencia policial, pues quedó demostrado que la decisión presidencial no impidió que la policía acompañara el evento.
El amparo fue presentado en julio por Giovanni Delgado, abogado y miembro de la organización de la Marcha de la Diversidad en Costa Rica.
Según el recurrente, los trámites se realizaron en tiempo y forma, como en años anteriores, y la declaratoria fue firmada por la entonces ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y por Jorge Rodríguez Bogle, quien firmó en nombre del presidente Chaves.
La noche del sábado 29 de junio, al informar de la derogatoria, Chaves también destituyó a Nayuribe Guadamuz Rosales como jerarca de Cultura y Juventud, por gestionar la declaratoria de interés cultural sin su autorización o la de su despacho. En esa misma fecha, Chaves cesó, por los mismos hechos, al excomisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz.
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