EscucharGiovanni Delgado, miembro de la organización de la Marcha de la Diversidad en Costa Rica, presentó un recurso de amparo contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por anular la declaratoria de interés cultural del evento de este año, que se efectuó el pasado domingo 30 de junio.
Delgado pidió a los magistrados declarar nula la acción tomada por Chaves el sábado, un día antes de la marcha. Argumentó que se trató de una medida discriminatoria contra la población LGTBI+ que, adicionalmente, puso en riesgo a los participantes de la caminata por San José.
El dirigente agregó que, en un comunicado de prensa difundido el 29 de junio, Casa Presidencial faltó a la verdad al decir que la marcha no contaba con los permisos correspondientes. Por lo tanto, el recurso también busca demostrar que todos los requerimientos estaban al día.
“Casa Presidencial, para emitir un comunicado así, debe basarse en hechos reales y no en especulaciones. La ley lo llama a acatar el principio de legalidad de los actos. Así se le está indicando a la Sala IV con un compendio de más de 260 páginas, donde se aportan todos los trámites que hizo la organización para el evento, con los permisos en su totalidad, los formularios que se llenaron y las fechas en que se entregaron.
“Estamos solicitando a la Sala Constitucional que declare ilegal el comunicado presentado por Casa Presidencial por contar con información imprecisa. Estamos diciendo que hay una violación a los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una violación a la Constitución Política y a la Ley General de Administración Pública”, expresó Delgado.
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El recurrente indicó que, luego de la anulación de la declaratoria de interés cultural, las autoridades de Tránsito optaron por no presentarse a custodiar las vías por donde pasarían los asistentes, lo que propició que los conductores de vehículos cruzaran sin supervisión, exponiendo la vida de los miles de personas.
Según observó La Nación el día del evento, no había policías de Tránsito.
“Puso en riesgo la participación de algunas personas en la actividad. Estaban los permisos y existía la coordinación previa con Tránsito para que se presentaran los oficiales a resguardar a las personas que iban a hacer la marcha. Al no presentarse y al anular la declaratoria, como hizo el presidente, se creó un perjuicio directo”, insistió Delgado.
Según agregó, la organización tardó meses en conseguir los permisos y todos los documentos se entregaron a representantes del gobierno el 13 de junio, el mismo día en que sostuvieron una reunión con autoridades gubernamentales en Casa Presidencial, para hablar de la marcha.
“Estamos hablando de que era manifiesto y evidente que Casa Presidencial tenía conocimiento; entonces, uno no sabe qué está haciendo el presidente.
“Dos semanas antes de la marcha, se entregaron los documentos. Se entregó con el tiempo necesario. Que él (Chaves) diga a última hora que un permiso otorgado no es válido es un acto meramente discriminatorio. Esperamos que la Sala valore la gravedad del asunto”, continuó el integrante de la organización.
Este 29 de junio, el gobierno destituyó a Nayuribe Guadamuz Rosales, del cargo de ministra Cultura y Juventud, por gestionar la declaratoria de interés cultural sin la autorización del mandatario o de su despacho. Chaves también cesó, por los mismos hechos, al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz
Sin embargo, el documento contaba con la firma de Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia, quien estaba delegado por Chaves para firmar en su nombre. Por esta razón, Delgado solicitó en su recurso que se responsabilice al presidente al decir que no puede excusarse tras una delegación de firma.
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