El Juzgado Penal de Goicoechea desestimó la denuncia penal planteada por la exministra de Presidencia y Planificación, Laura Fernández, contra el expresidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Ricardo Sancho, por supuestamente crear una estructura innecesaria en la institución.
El Juzgado acogió la solicitud de la Fiscalía, la cual determinó que la denuncia no contenía ningún elemento que encajara en el delito de prevaricato, el cual consiste en dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos.
Sancho, actual presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que la denuncia le causó un daño moral y económico a su familia. “Mi equipo legal analiza posibles delitos contra el honor”, dijo.
El Ministerio Público explicó que, en la denuncia, no consta ninguna resolución que encajara con el tipo penal. Entonces, se le previno a la persona denunciante que debía presentar una relación de hechos para establecer responsabilidades. No obstante, no lo hizo, lo que impide continuar con la causa.
El fiscal Juan Carlos González Chaves precisó que, según la jurisprudencia, para que se configure el prevaricato la conducta debe ser dolosa; es decir, es necesario demostrar que el denunciado sabía que estaba tomando una resolución contraria a la ley.
En abril del 2023, siendo ministra de Planificación, Laura Fernández denunció a Sancho y otros exdirectivos del AyA argumentando que, en el 2007, el AyA presentó una reorganización administrativa ante el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) con base en un estudio de la firma Deloitte & Touche, la cual quedó registrada en el 2008.
No obstante, agregó, la Junta Directiva de la entidad aprobó un Manual de Organización Institucional en el 2010 con una estructura distinta a la registrada ante Mideplán, sin un estudio técnico, aval del ministro rector ni pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional.
El esquema contenido en el Manual, alegaba la denuncia, incluyó subdivisiones de unidades asesoras, unidades técnicas y administrativas que no cumplían con el procedimiento, generando puestos y jefaturas que se apartaban de la estructura correcta.
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