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José Miguel Villalobos, diputado del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), respaldó la postura de la presidenta de la República, Laura Fernández, de que los diputados deben dedicarse exclusivamente a sus labores en la Asamblea Legislativa, pero consideró que la prohibición debe abarcar un catálogo amplio de actividades para garantizar “coherencia” en su aplicación.
“Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado la señora presidenta de la República”, declaró el diputado ante una consulta de La Nación, en el lobby del Congreso, durante uno de los recesos del plenario. Mientras ocupa una curul, Villalobos también se mantiene en el ejercicio profesional como abogado penalista.
No obstante, advirtió que dichas restricciones no podrían limitarse a únicamente impedir el ejercicio remunerado de profesiones liberales. A su criterio, si el objetivo es que los diputados se dediquen exclusivamente a su función legislativa, la prohibición debe alcanzar otras fuentes de trabajo o actividades que también demanden tiempo y puedan generar ingresos.
Villalobos señaló que las eventuales prohibiciones, mediante las correspondientes reformas al ordenamiento jurídico, también deberían impedir que los diputados mantengan empleos asalariados en empresas, reciban dietas por su participación en juntas directivas o perciban ingresos provenientes de negocios propios.
Fernández fue consultada el pasado miércoles 12 de agosto, durante la conferencia de prensa semanal de la Casa Presidencial, sobre si las personas al servicio del Estado deben dedicarse por completo a sus funciones. A lo que la mandataria respondió: “Como presidenta de la República estoy en contra de que personas que estén al servicio de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo”.
La mandataria también fue consultada sobre el expediente 24.282, un proyecto impulsado en 2024 por el entonces diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña.
La iniciativa busca reformar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para establecer que los diputados y diputadas “no podrán ejercer profesiones liberales de forma remunerada”. Fernández manifestó que el Gobierno apoyaría un proyecto en esa línea.
Villalobos ha sido criticado por representar a uno de los presuntos cabecillas del llamado Caso Pana, de apellidos Sánchez González, al mismo tiempo que ostenta el cargo de diputado. El 27 de julio acompañó a su cliente a una audiencia en los Tribunales de San José, mientras, de manera simultánea, Fernández presentaba en la Asamblea Legislativa proyectos relacionados con seguridad ciudadana.
Según la investigación del caso, el grupo al que presuntamente pertenece Sánchez González habría trasegado cargamentos de cocaína por vías marítimas y terrestres desde el sur de Costa Rica hacia Estados Unidos.
Las autoridades también sospechan que las ganancias obtenidas mediante esas actividades habrían sido legitimadas a través de diversos negocios, principalmente en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Puerto Jiménez. Los bienes vinculados con la organización fueron valorados en alrededor de ¢1.000 millones.
