Escuchar
Este 27 de julio, mientras la presidenta Laura Fernández presentaba proyectos de seguridad ciudadana en la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPS), José Miguel Villalobos, asistía a una audiencia judicial del Caso Pana como abogado defensor de uno de los principales imputados, en los Tribunales de San José. ¿De qué trata esta investigación?
En esta causa, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigaron a un grupo que presuntamente se dedicó a trasegar cargamentos de cocaína por vías marítimas y terrestres desde el sur de Costa Rica hacia Estados Unidos y que, luego, habría legitimado las ganancias mediante diversos negocios, principalmente en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Puerto Jiménez, amasando bienes valorados en ¢1.000 millones.
La pesquisa surgió en el 2021 cuando la Policía judicial recibió información sobre un hombre de apellidos Sánchez González, alias Pana, y su pareja sentimental, apellidada Mora Méndez, quienes aparentemente tuvieron un crecimiento exponencial de su patrimonio, sin poder justificar los altos ingresos.
El diputado Villalobos es el defensor de Pana.
En julio del 2025, el OIJ y la Fiscalía detuvieron a siete personas, luego de un operativo que incluyó 400 agentes judiciales y fiscales, así como 22 allanamientos en diferentes localidades de Pérez Zeledón, en San José; así como en Puerto Jiménez y Buenos Aires de Puntarenas.
Desde entonces, Pana y su pareja están en prisión preventiva. Este 27 de julio, se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares en los Tribunales del I Circuito Judicial de San José, ante un Juez de Delincuencia Organizada, y allí se presentó Villalobos, como abogado.
Presuntos negocios para lavar dinero
De acuerdo con los reportes policiales, el grupo habría legitimado las ganancias derivadas del narco mediante cuatro ventas de celulares, un aserradero, una farmacia, una venta de vehículos usados, así como la comercialización de reses y caballos de exhibición.
El OIJ estimó el capital de ¢1.000 millones con base en bienes inscritos como fincas, vehículos y maquinaria, pero sin contar los ingresos derivados de los negocios antes mencionados.
Sánchez y Mora fueron detenidos en julio del 2025, durante la incursión en una lujosa propiedad en General Viejo de Pérez Zeledón. Pana es oriundo de Chiriquí, Panamá y nacionalizado costarricense; mientras que la mujer es abogada y originaria de Pérez Zeledón. Se casaron en noviembre del año pasado, en el distrito de Daniel Flores.
Caída de funcionarios públicos
Durante las diligencias del 2025, se capturó a un jefe de la Policía de Tránsito de apellido Madrigal, de 46 años y una funcionaria del OIJ, apellidada Torres, de 33 años, ambos destacados en el cantón de Pérez Zeledón; así como a dos hombres apellidados Esquivel (47 años) y Sandí (49), además de una mujer apellidada Hidalgo, de 47 años.
Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, explicó en ese momento que los dos funcionarios públicos operaban como parte de una estructura de seguridad para el grupo criminal.
Cuando detectaban personas que les resultaban sospechosas, dijo Boraschi, el oficial de tránsito detenía a estas personas en vía pública, revisaba su documentación y la fotografiaba. Luego remitía los datos a la agente del OIJ para que ella revisara sus calidades en los sistemas informáticos de la Policía Judicial.
El objetivo era identificar plenamente a las personas y determinar si estas representaban una amenaza para el grupo, ya sea por investigaciones policiales o porque se tratara de integrantes de otras organizaciones que incluso intentaran tumbarles droga o dinero.
En los allanamientos, la Policía Judicial decomisó:
- 322 cabezas se ganado
- Siete caballos
- ¢141,8 millones en efectivo
- $889
- 12 celulares
- 36 municiones calibre 9mm sin percutir
- Ocho dispositivos de almacenamiento
- Siete computadoras
- Un fierro para marcar ganado
- Un dron
- Una moto
- Seis vehículos
- Dos remolques
- Un cuadraciclo
En agosto del año 2024, las autoridades judiciales ya habían logrado incautarle a este grupo cuatro kilos de cocaína y ¢35 millones en efectivo.
Villalobos se negó a contestar preguntas
A la salida de la audiencia de este 27 de julio, el diputado y abogado Villalobos se negó a contestar preguntas. Al ser consultado sobre cuál es su prioridad, puesto que en ese momento el gobierno estaba presentando los poyectos de seguridad, respondió que su prioridad era comer.
Los diputados no cumplen horario y no están obligados a pedir permiso, salvo cuando hay sesiones de órganos legislativos; pueden ejercer liberalmente su profesión.
La presidenta Laura Fernández acudió al Congreso a presentar un segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad, entre ellos, uno que reforma y amplía los alcances del artículo 32 de la Constitución Política, que avala la extradición de costarricenses.
