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Paul Rueda Leal y Fernando Castillo, los magistrados con más inhibiciones en la Sala Constitucional, atribuyeron estas separaciones a la existencia de vínculos familiares con personas u órganos relacionados con los expedientes bajo análisis de ese tribunal.
El nombre de Rueda figura en 80 inhibitorias, la mayor cantidad dentro de los 123 expedientes que permanecen sin resolución en la Sala Constitucional debido al bloqueo de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la elección de magistrados suplentes. Le sigue Fernando Castillo, presidente del tribunal constitucional, con 62.
Las razones de Rueda
Rueda se apartó principalmente en casos relacionados con el retiro excepcional del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), asuntos vinculados con la operadora Vida Plena y procesos contra la Municipalidad de La Unión.
De acuerdo con información suministrada por la oficina de prensa de la Sala Constitucional, ante consulta de La Nación, en los expedientes relacionados con el ROP y Vida Plena la razón del impedimento fue que un familiar cercano del magistrado integra la junta directiva de la sociedad involucrada en esos asuntos.
En el caso de los expedientes relacionados con el Concejo Municipal de La Unión, la inhibitoria obedeció a que un familiar cercano de una persona integrante del equipo de trabajo de Rueda participa en ese órgano municipal.
La Sala aclaró que ese impedimento se limita únicamente a los asuntos relacionados con el Concejo Municipal y no se extiende al resto de órganos o actividades del gobierno local.
Rueda acumula 36 inhibitorias individuales. A estas se suman 40 expedientes en los que se apartó junto con el pleno de la Sala Constitucional —situación que impide integrar el tribunal ante la falta de suplentes— y otros cuatro casos en los que también se inhibió junto con varios de sus colegas.
Los argumentos de Castillo
En el caso de Castillo, las inhibitorias se deben a vínculos familiares con instituciones o empresas involucradas en los asuntos sometidos a conocimiento del tribunal.
Las separaciones de Castillo abarcan expedientes relacionados con plataformas de transporte como Uber, DiDi e InDrive; procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República (CGR); acciones de inconstitucionalidad y otros asuntos regulatorios.
El presidente de la Sala acumula 16 separaciones individuales y seis en conjunto con otros integrantes del tribunal, además de los 40 expedientes en los que se apartó junto con todo el pleno.
¿Por qué se dan las inhibitorias?
La oficina de prensa de la Sala Constitucional enfatizó que presentar una inhibitoria no constituye una falta, un conflicto indebido ni implica un reconocimiento de parcialidad por parte de la persona juzgadora.
“Se trata de un mecanismo preventivo previsto por el ordenamiento jurídico para fortalecer la transparencia, la independencia judicial y la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia”, indicó el tribunal.
Además, señaló que la aceptación o rechazo de una inhibitoria no depende del propio magistrado que la plantea, sino de otro juzgador encargado de determinar si el impedimento legal procede.
Las separaciones responden a las causales de impedimento establecidas en el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 12 del Código Procesal Civil.
La Sala explicó que una inhibitoria es el mecanismo mediante el cual una persona juzgadora se aparta del conocimiento de un asunto cuando existe una causal legal que puede comprometer la imparcialidad, con el objetivo de garantizar la independencia judicial, el debido proceso y la confianza de la ciudadanía en las decisiones del tribunal.
