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Entre los 123 expedientes que la Sala Constitucional no puede resolver debido a las inhibitorias de los magistrados propietarios y la falta de suplentes, destaca un nombre: Paul Rueda Leal. El magistrado está impedido de conocer un total de 80 casos.
De ese conjunto, Rueda acumula 36 inhibiciones individuales. A ellas se suman 40 expedientes en los que se apartó junto con el resto del pleno (situación que impide integrar la Sala ante la falta de jueces sustitutos) y otros cuatro casos en los que también debió excusarse de forma simultánea con varios de sus colegas.
Las inhibitorias del magistrado se concentran en tres tipos de asuntos: demandas ciudadanas relacionadas con el retiro excepcional del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), procesos vinculados con la operadora Vida Plena y conflictos dirigidos contra la Municipalidad de La Unión.
El segundo magistrado que se ha apartado del conocimiento de más casos es Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, con 16 inhibiciones individuales y seis en las que figura con otros integrantes del tribunal, además de las 40 con el pleno.
En su caso, las separaciones responden a recursos relacionados con la plataforma Uber, disputas en torno al servicio de transporte privado brindado por empresas similares y cuestionamientos sobre procedimientos administrativos de la Contraloría General de la República (CGR).
La Nación solicitó a ambos magistrados las razones detrás de estas decisiones, mediante consultas enviadas a la oficina de prensa de la Sala Constitucional, sin que se haya obtenido respuesta.
ROP y Vida Plena
La mayoría de los asuntos de los que se desvinculó el magistrado Paul Rueda tratan sobre el acceso a los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). En total, son 15 expedientes que versan sobre este asunto.
De todos los casos paralizados en la Sala Constitucional sobre retiro del ROP, solo en uno Rueda no se inhibió. Se trata de un recurso de amparo en el que una persona que estaría pensionada por invalidez, exigió la devolución de los recursos bajo el argumento de que una afectación en su cadera le dificulta movilizarse.
En el resto de los casos en los que Rueda sí se inhibió, los accionantes solicitan retirar la totalidad de sus fondos en un solo tracto y alegan situaciones de vulnerabilidad que afectan su salud, su subsistencia o la de sus familias. Entre los argumentos más frecuentes figuran enfermedades graves, condiciones de invalidez o la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.
También aparecen gestiones de beneficiarios que reclaman la entrega completa de los fondos tras el fallecimiento de un familiar, así como casos en los que los recurrentes aseguran haber cumplido con los requisitos, pero enfrentan rechazos o retrasos en la tramitación.
Algunos de estos recursos están vinculados a la operadora Vida Plena. Además, Rueda se separó de otros asuntos relacionados con esa empresa que no mencionan directamente el retiro del ROP.
Municipalidad de La Unión
El segundo grupo más relevante en los registros de Rueda corresponde a casos relacionados con la Municipalidad de La Unión, en Cartago. El alto juez se apartó de ocho expedientes vinculados con este gobierno local.
Dichos casos tienen una particularidad: constituyen la totalidad de los asuntos relacionados con ese municipio que hoy permanecen paralizados en la Sala Constitucional, debido a la falta de magistrados suplentes.
Los expedientes son diversos y abarcan desde reclamos por presuntas violaciones al debido proceso, como la remoción de integrantes de comisiones municipales, hasta denuncias por incumplimientos en el ejercicio del derecho de petición y de acceso a la información, ante la falta de respuesta a solicitudes dirigidas a la alcaldía.
También figuran recursos por deficiencias en obra pública e infraestructura, como la ausencia de un paso peatonal hacia la nueva clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el cantón, problemas en el mantenimiento de canchas municipales o falta de atención a rutas cantonales.
A estos se suman conflictos laborales dentro del ayuntamiento, entre ellos un recurso que exige la aplicación de jornadas de 40 horas para personal operativo, así como la suspensión de medidas disciplinarias y administrativas contra funcionarios.
Otros expedientes señalan problemas en la prestación de servicios básicos, como el abastecimiento de agua en distintas comunidades del cantón.
Las inhibiciones de Castillo
En el caso del presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, las causas de sus separaciones responden a un abanico más amplio de temas que combinan asuntos regulatorios, disputas administrativas y acciones de inconstitucionalidad.
Un primer bloque relevante está vinculado a recursos contra plataformas tecnológicas de transporte como Uber, DiDi e InDrive. Los expedientes incluyen tanto cuestionamientos a la operación de estos servicios como reclamos individuales, por ejemplo, la desconexión de conductores de la plataforma sin previo aviso.
Otro grupo importante corresponde a procesos relacionados con la Contraloría General de la República. En estos casos, los recurrentes alegan vulneraciones al debido proceso y al derecho de defensa en procedimientos administrativos, incluyendo contrataciones públicas, audiencias y actuaciones disciplinarias.
También figuran asuntos de carácter normativo y constitucional. Entre ellos, consultas judiciales sobre la Ley contra la Delincuencia Organizada, acciones de inconstitucionalidad contra acuerdos de Corte Plena y cuestionamientos a la normativa en ámbitos como el empleo público, el sistema remunerativo estatal, incentivos médicos o el aporte patronal a las pensiones del Poder Judicial.
A estos se suman recursos en materia de salud −como reclamos contra la CCSS por presunta vulneración del derecho a la atención médica− así como casos individuales sobre licencias de conducir, procedimientos universitarios y una solicitud para el retiro de fondos del ROP.
