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Un informe de mayoría aprobado por la Comisión Legislativa de Control del Ingreso y Gasto Público asegura que la narrativa de crisis financiera en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) “fue utilizada como excusa para concentrar poder y deslegitimar oposiciones internas”.
El documento fue aprobado por cinco legisladores: Rocío Alfaro (Frente Amplio), Dinorah Barquero (Liberación Nacional), Francisco Nicolás (PLN), Katherine Moreira (PLN) y Yonder Salas (Nueva República). Votó negativamente el diputado oficialista Manuel Morales (Progreso Social Democrático).
Asi quedó aprobado en la sesión de ese foro legislativo del pasado jueves 23 de octubre.
El informe sostiene que esta narrativa sobre quiebra de la Caja sirvió como fundamento para “remover a personas funcionarias que se opusieron a decisiones como la aplicación de la regla fiscal, la no exigencia del pago de la deuda estatal, o el traslado irregular de personal a Casa Presidencial”.
Según el informe, por ejemplo, la suspensión de directivos en la CCSS tuvo motivaciones políticas y descartaron que se fundamentara en aspectos técnicos.
“Las declaraciones de las personas suspendidas, sustentadas con datos financieros auditados y respaldos legales, revelan que la verdadera causa de su separación fue haber sostenido públicamente —y con evidencia— que la institución no estaba quebrada, contradiciendo así el discurso del Poder Ejecutivo", señala ese documento.
Informe actuarial
El documento aprobado por una mayoría de diputados expone que un informe actuarial supuestamente fue modificado de forma “exprés” para “justificar decisiones estratégicas como la suspensión del portafolio de inversiones, la remoción de personal clave y la concentración de poder técnico en la Dirección Actuarial, deslegitimando así otros insumos financieros válidos”.
Según detalla el criterio de la comisión, se emitieron dos versiones del informe “Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2021”, ambas elaboradas por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, con apenas siete días de diferencia (el 1.º y el 8 de marzo del 2023).
Entre ambas versiones, según los diputados, se registraron cambios sustanciales en las proyecciones financieras, incluyendo un incremento abrupto en los gastos estimados y una reducción drástica en los ingresos previstos, lo que modificó de forma significativa el escenario de sostenibilidad del Seguro de Salud.
Mientras la primera versión proyectaba equilibrio hasta el año 2031, la segunda adelantó el punto crítico al año 2027.
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Según los legisladores, esa segunda versión fue utilizada como insumo clave por la Junta Directiva para suspender proyectos de infraestructura y para respaldar públicamente el discurso de que la Caja estaba en una situación de quiebra.
El 10 de marzo del 2023, la CCSS suspendió todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional cuyo proceso constructivo no hubiera iniciado, “con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la institución”.
El máximo órgano de la Caja también decidió suspender la compra de terrenos en los casos en que la licitación estaba en proceso de adjudicación, la cual no podía emitirse sin pasar por la Junta.
Sobresueldos de Marta Esquivel
El informe de mayoría además concluye que la ahora expresidenta de la Caja, Marta Esquivel, recibió supuestos sobresueldos.
“Esquivel ha recibido un salario mensual de ¢7.158.848, superando en ¢1.593.848 el tope legal de ¢5.565.000 establecido en el artículo 42 de dicha ley (Ley de Salarios de la Administración Pública), modificado por la Ley 9635″, detalle el documento.
En diciembre del 2023, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Junta Directiva ajustar de inmediato el monto devengado por Esquivel y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto derivado de las diferencias, como aguinaldos, salarios escolares, cargas sociales y fondo de capitalización laboral, entre otros.
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El informe reprocha que Esquivel más bien interpusiera un proceso judicial contra la CCSS por este caso.
Los diputados le solicitan al Ministerio Público iniciar una causa penal contra la expresidenta del Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, así como contra otros directivos de esa institución por suspender a los directivos de la CCSS.
Solicitaron también a la Procuraduría de la Ética Pública abrir un procedimiento contra la exjerarca por un “presunto uso de su cargo con fines de persecución política” por ese mismo tema de directivos suspendidos.
A la CGR le solicitaron una auditoría especial integral sobre la suspensión del portafolio de inversiones de la CCSS en el 2023.
