La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó, de manera unánime, suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional cuyo proceso constructivo no haya iniciado, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera de la institución.
El máximo órgano de la CCSS también decidió suspender la compra de terrenos en los casos en que la licitación esté en proceso de adjudicación, la cual no podrá emitirse sin pasar por la Junta.
Los directores, además, frenaron los trámites de donación de terrenos hasta que se les presente un inventario de propiedades disponibles, informó la CCSS en un boletín de prensa.
No trascendió el detalle de las obras y proyectos que quedarán en suspenso durante este proceso. La Nación solicitó esos datos a la CCSS, pero no hubo respuesta.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, explicó que el acuerdo se tomó luego de recibir la Propuesta de Portafolio Institucional de Proyectos, a cargo de la Dirección de Planificación Institucional, Dirección de Actuarial, el asesor económico de presidencia ejecutiva y el Gerente Financiero.
Ese informe, según Esquivel, evidenció la gravedad de la situación financiera de la institución, que fue conocida hasta este jueves por la Junta y Gerencia General.
“Desde 2020, e inclusive en 2022, se había tomado un acuerdo de revisión del portafolio de inversiones. Tomamos esta dura decisión con los elementos que nos presentaron ayer, sobre todo la directora de Actuarial en cuanto a los escenarios que tenemos en el entendido de que nuestra preocupación máxima es la sostenibilidad financiera de la institución”, aseguró Esquivel.
‘Decisión no fue fácil’
“No es fácil. Hay mucha gente que tiene esperanzas en que se construyan edificaciones en sus comunidades. No es que no se vayan a hacer; se van a atrasar algunos de los procesos, se van a revalorar algunos otros.
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“Sobre todo el tema de los hospitales a nivel central porque nos parece que, a nivel de plan estratégico, debemos avanzar en procesos de regionalización”, explicó en el boletín la Presidenta Ejecutiva.
La Junta Directiva también ordenó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías un informe del estado de los procesos constructivos llave en mano y de la obsolescencia de los equipos licitados, que debe estar listo en 30 días.
Además, la Gerencia Financiera debe hacer una propuesta de control de gastos, en dos meses, ante el Consejo de Presidencia y Gerencias.
Por su parte, se encomendó a la Dirección de Planificación de la institución la gobernanza del portafolio de inversiones para ordenar el proceso.
En abril, la Junta Directiva realizará una sesión de planeamiento estratégico financiero con las gerencias para decidir acciones correctivas y la transitoriedad de lo acordado, informó la CCSS.
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Plan multimillonario
Un reportaje de La Nación, publicado en noviembre anterior, reveló que la ejecución de un multimillonario plan de inversiones de la Caja en hospitales, Ebáis y áreas de salud, durante la próxima década, y la contratación de 12.000 empleados constituían los principales factores de riesgo en el desequilibrio financiero del Seguro de Salud.
La institución autónoma tenía previsto invertir ¢3,2 billones en la construcción y equipamiento de 30 áreas de salud, la creación de 340 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y la construcción de nuevos hospitales como el Geriátrico o el Monseñor Sanabria, en Puntarenas.
Dependiendo de la velocidad con que se ejecutaran estas nuevas obras, así se afectará la sostenibilidad del Seguro de Salud, según el más reciente estudio actuarial realizado, en abril pasado.
Hace siete días, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, Marta Esquivel manifestó que la Caja afrontaría problemas de liquidez a partir del 2026 de no hacer ajustes. Precisó que el plan de inversiones terminaría por agotar las reservas de la institución.
Citó un estudio actuarial de agosto del 2022, que revela que la CCSS tendrá que utilizar, a partir del 2023, las reservas y provisiones del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) para dar servicios de atención médica a los asegurados, pues los gastos superan a los ingresos.
Las reservas hasta abril del 2022 ascendían a ¢1,5 billones. La jerarca explicó a los diputados que esos recursos son para proyectos de inversión, los cuales tendrán que revisar.
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