Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), declaró este miércoles por la noche que la institución entrará en problemas de liquidez entre el 2026 y el 2027 si no se hacen ajustes, en los cuales se está trabajando.
Si bien hay un problema de confiabilidad de datos financieros, dijo Esquivel, es claro que “si seguimos con el nivel de gasto y la inversión que tenemos”, en tres años “nos vamos a comer las reservas”.
“En este momento lo que nos está dando aire es lo que no estamos ejecutando”, continuó.
La institución tiene una reserva de ¢1,4 billones, pero está destinada a inversiones, explicó.
Esquivel agregó que el desorden financiero que impera en la institución impide conocer el costo del aumento salarial aprobado por la Junta Directiva para los 63.000 empleados, el año pasado, y hasta la partida utilizada para sufragarlo.
Ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, Esquivel aseveró que ha afrontado dificultad para obtener información sobre el estado de las finanzas de la institución.
En setiembre del 2022, la Junta Directiva de la Caja avaló subir las remuneraciones de forma retroactiva desde enero de 2020, a pesar de que la Dirección Actuarial advirtió sobre el riesgo que esa decisión implicaba para las finanzas de la entidad.
La Dirección Actuarial dijo que el aumento “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”. El aumento osciló entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales para la base salarial de más de 63.000 funcionarios.
Por este caso, el presidente Rodrigo Chaves despidió el 17 de setiembre al presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos.
Esquivel dijo a los diputados que la mayor dificultad que afronta como presidenta de la Caja es obtener información financiera. Indicó que a partir de esta dificultad se ha dado a la tarea de indagar el estado de las finanzas de la institución.
En el proceso logró descubrir que desde 2008 la Contraloría General de la República (CGR) ha señalado debilidad con la información financiera, sobre todo con los fondos del Seguro de Enfermedad y Maternidad, según dijo.
La CGR señaló, de acuerdo con Esquivel, que no le fueron suministrados los detalles de la composición de la cuenta de inventarios en proceso del 2020 y 2021 por ¢109.130 millones y ¢99.668 millones, respectivamente; y del saldo acreedor de los gastos aplicados por ¢95.670 millones y ¢87.854 millones.
Esquivel también afirmó que problemas similares hay en los fondos de pensiones.
Añadió que no tiene “claridad en los datos de ingresos, los datos de cuentas por cobrar, saldos en bancos, los asientos contables. En algunos casos no hay, en algunos casos sí hay”.
Informó a los diputados que en la Caja hay tres “cuentas cajón”, donde van los recursos que no se saben dónde incorporarlos. “¿Qué más empieza uno a descubrir? La impunidad. La impunidad absoluta en la CCSS. Los procesos administrativos inician y nunca terminan o terminan prescritos o caducos”, criticó.
Añadió que también encontró ¢1.000 millones pagados de más en cesantía. “Cuando uno entra a una organización que maneja tanto dinero, pareciera que se pierde la noción del valor del dinero. Se recuperaron ¢350 millones y pregunté si se recuperaron otras sumas, y la respuesta fue que ‘es difícil indicarlo’, porque muchas veces esas sumas entran y no se hace un registro contable porque no hay sistemas”, criticó.
Sobre el recurso humano, denunció que los ascensos se registran con “papel y palito”, que es escribir a mano en una hoja de papel cada nombramiento, se toman las firmas y luego un mensajero lleva el papel a la oficina correspondiente.
Si ese documento se pierde, es probable que el funcionario sufra atrasos en el salario, indicó.
Las diputadas Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Sofía Guillén, del Frente Amplio, le preguntaron si realmente la Caja está quebrada, como lo afirmó el mandatario Rodrigo Chaves el día que despidió a Ramos.
A Castro le indicó que ha quedado claro que hay serios problemas de confiabilidad de datos financieros en la Caja, e indicó que si no se toman acciones claras y correctas este año la institución entraría en problemas de liquidez en 2026 y 2027.
A Guillén le respondió que al evaluar las necesidades y las brechas contra la adecuada prestación de servicios, la Caja tiene un faltante de 300 Ebais.
“Tiene sobrantes de mala ejecución. Solo el año pasado la UTLE (Unidad Técnica de Listas de Espera), la encargada de las listas de espera, devolvió ¢10.000 millones”, aseguró.
La diputada Castro le preguntó que, en concreto, cuál es el plan del Gobierno para rescatar la CCSS.
Esquivel dijo que la línea de trabajo es revisar el portafolio de inversiones, el fideicomiso para el desarrollo de obras, retomar la gobernanza en tecnologías de la información y talento humano, terminar de recuperarse del hackeo y ordenar la parte financiera, entre otros aspectos.