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La compañía china Huawei afirmó este miércoles que seguirá exigiendo a Costa Rica cumplir con el deber constitucional de un entorno de mercado fundamentado en la libre competencia, abierto y sin discriminación.
Así reaccionó la empresa tras la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de rechazar, la semana anterior, una medida cautelar solicitada por Huawei para suspender la ejecución del reglamento que le impide convertirse en proveedor de redes y soluciones de tecnología 5G en Costa Rica.
Huawei alegó que la denegatoria del recurso por parte del Tribunal Contencioso Administrativo no puede interpretarse, en ningún caso, como una confirmación de la supuesta legalidad del decreto emitido por el gobierno de Rodrigo Chaves para el despliegue de la tecnología 5G, “como falsamente se ha querido comunicar”.
“Esto se determinará dentro del proceso por el fondo en el contencioso administrativo que sigue su curso”, indicó la firma asiática.
La empresa destacó que la resolución judicial no es una sentencia firme ni definitiva y que existen distintos recursos que permiten apelar esta decisión.
En agosto de 2023, el Poder Ejecutivo emitió un reglamento, vía decreto, que exige que las empresas proveedoras de tecnología 5G provengan de países suscritos al Convenio de Budapest sobre ciberseguridad. China no es signatario de este instrumento internacional, lo que dejaría automáticamente sin posibilidad de que firmas como Huawei, puedan participar en los procesos de licitación.
La Embajada de China en Costa Rica anteriormente hizo una solicitud formal al gobierno de Rodrigo Chaves para que se le de a Huawei un “trato justo, equitativo y no discriminatorio”, luego de 17 años operando en el país.
Así lo planteó Wang Xiaoyao, embajadora de la República Popular China en Costa Rica, tras una reunión con Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el 11 de julio del 2024.
La diplomática también ha advertido sobre el temor que tienen empresas de su país para invertir en Costa Rica, por la presunta injerencia de Estados Unidos en asuntos de política interna y un posible trato desigual, en el contexto de las tensiones diplomáticas por los planes para implementar la tecnología 5G.
“Tendrán preocupaciones porque obviamente creen que, debido a la influencia de una fuerza externa (Estados Unidos), ahora tenemos este problema. Temor por la intervención de una tercera parte y por su pérdida en cuanto a capital. Entonces, las empresas temen que no puedan recibir un trato justo e igualitario”, externó el 16 de enero, durante una charla con medios de comunicación.
Este martes, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos retiró la visa a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores. La misma medida se aplicó la semana anterior en contra de las diputadas Johanna Obando y Cynthia Córdoba, ambas del Partido Liberal Progresista (PLP).
El gobierno de Rodrigo Chaves ha señalado a estas tres personas por presuntas acciones en favor de la empresa tecnológica de origen chino.
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La revocatoria de las visas se dio luego de que Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, advirtiera, durante una visita a San José, de que el gobierno de Estados Unidos podría sancionar a funcionarios costarricenses que se alíen con actores extranjeros que sean considerados una amenaza para la ciberseguridad, con una clara alusión a China.
La funcionaria del ICE y las dos legisladoras tienen en común el haber estado involucradas en controversias relacionadas con la empresa china de tecnología Huawei.
El 11 de diciembre del 2024, el presidente Rodrigo Chaves anunció la presentación de una denuncia penal contra la auditora y Huawei.
Por su parte, las diputadas del PLP fueron mencionadas, junto con el legislador fabricista José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), en un reportaje del canal Opa sobre reuniones con representantes de la empresa china Huawei.
