El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores. La funcionaria se suma a las diputadas del Partido Liberal Progresista (PLP), Johanna Obando y Cynthia Córdoba, a quienes también se les canceló el permiso de ingreso al país del norte.
“Lo más importante que debe ser del conocimiento de la ciudadanía no es la confirmación de una acción intimidante de revocatoria de visas, sino el grave atentado contra nuestra soberanía y libertad de expresión que esto representa. Este tipo de acciones no pueden ni deben normalizarse. Esto debería llevarnos a un estado de alerta instintivo y a cuestionarnos con firmeza qué está ocurriendo realmente detrás de estos hechos, qué intereses están en juego y qué información podría estar siéndonos ocultada”, declaró la funcionaria.
Machuca afirmó que “estas acciones no son incidentes aislados, sino parte de un intento deliberado por debilitar el sistema de control interno, ejecutado por actores cuya ética y valores no nos representan. No nos someteremos al silencio ni a la intimidación. Nuestro compromiso sigue siendo claro e inquebrantable: proteger el valor del ICE, una institución icónica para el desarrollo social y económico de Costa Rica”.
La revocatoria de las visas se da luego de que Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, advirtiera, durante una visita a San José, de que el gobierno de Estados Unidos podría sancionar a funcionarios costarricenses que se alíen con actores extranjeros que sean considerados una amenaza para la ciberseguridad, con una clara alusión a China.
La funcionaria del ICE y las dos legisladoras tienen en común el haber estado involucradas en controversias relacionadas con la empresa china de tecnología Huawei.
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El 11 de diciembre del 2024, el presidente Rodrigo Chaves anunció la presentación de una denuncia penal contra la auditora y Huawei.
Por su parte, las diputadas del PLP fueron mencionadas, junto con el legislador fabricista José Pablo Sibaja, del Partido Nueva República (PNR), en un reportaje del canal Opa sobre reuniones con representantes de la empresa china Huawei.
Luego de que esta información se hizo pública, Obando denunció temer por su vida, tras ser víctima de seguimientos y de recibir amenazas. Por este caso, la diputada fue citada a declarar ante la Fiscalía General de la República.
No obstante Machuca aseguró que desde mayo del 2022, con el inicio de la administración de Chaves, se han dado una serie de decisiones políticas y regulatorias que han “limitado” la capacidad del ICE para desarrollar su red 5G, lo que atenta su continuidad de negocios.
Según la funcionaria, en vista de esta situación la Auditoría Interna ha investigado y evidenciado presuntas irregularidades en la gestión y actuaciones de la Administración Superior del ICE, “en sometimiento a intereses de actores políticos, en torno a potenciales proyectos tecnológicos claves para el país” que representan inversiones superiores a los $700 millones.
Relató que esta situación ha suscitado intensos debates geopolíticos sobre la influencia de empresas internacionales como Huawei y Cisco en torno a la seguridad y la soberanía tecnológica nacional, “estableciendo limitaciones que sugieren que los intereses privados pueden estar pesando más que las necesidades sociales y económicas del país y que existe una estrategia deliberada para debilitar al operador estatal y apropiarse de sus recursos y mercado”.
A Machuca Flores el gobierno le atribuye presuntos delitos de incumplimiento de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública y fraude de ley. Por su parte, a Huawei Technologies Costa Rica S. A. lo vinculan con supuestos delitos de estafa, cohecho propio, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
La denuncia también incluye a Yang Peng, apoderado generalísimo de Huawei en Costa Rica, por los mismos delitos que se le achacan a la empresa.
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La funcionaria del ICE resaltó el rol que su oficina viene realizando desde el años 2017 y hasta la fecha, exponiendo de manera pública y fundamentada “las diversas amenazas que han puesto en riesgo la continuidad de los negocios del ICE, así como su soberanía administrativa y tecnológica”.
Igualmente, afirmó que la Auditoría Interna se mantendrá firme en su labor de vigilancia y en el ejercicio de sus funciones, “sin ceder ante presiones externas, no bajaremos los brazos ni permitiremos que denuncias agraviosas, amenazas, insultos o patrones de hostigamiento y violencia nos desvíen de nuestro propósito”.