EscucharMarta Acosta, contralora general de la República, afirmó este miércoles que la fallida “ley jaguar” al menos dejó como ganancia que más costarricenses conocieran la labora que realiza la entidad que dirige.
La jerarca se declaró satisfecha después de que la Sala IV declaró inconstitucionales dos artículos de la segunda versión del proyecto que el gobierno de Rodrigo Chaves pretendía llevar a referéndum, al igual que lo hizo con cuatro artículos de la primera versión.
Ese plan no podrá ser sometido a consulta popular porque la ley de referéndum exige que la propuesta esté exenta de vicios de constitucionalidad, lo cual no se cumple con la denominada “ley jaguar”. Dicha iniciativa pretendía anular la función fiscalizadora que realiza la Contraloría en la fase previa de los contratos públicos.
Acosta recordó que, desde que Chaves presentó el texto original, el pasado 5 de junio, la Contraloría advirtió de que la propuesta disminuiría y cercenaría severamente las competencias de fiscalización sobre los fondos públicos.
“Hemos dado la lucha por mantener a la Contraloría en el lugar que se merece, con las competencias constitucionales que tiene”, expresó Acosta tras una audiencia ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa para referirse al Presupuesto Nacional 2025.
Resaltó el compromiso de seguir ejerciendo el rol de fiscalización que le fue conferido mediante el artículo 182 de la Constitución Política, y que el proyecto del mandatario pretendía debilitar.
“Nos sentimos satisfechos, creo que hoy más que nunca la ciudadanía conoce la Contraloría, eso es algo que hemos ganado”, dijo Acosta.
Estas competencias constitucionales fueron reafirmadas por la Sala IV en los dos fallos que emitió el 30 de agosto y el 1.° de octubre, sobre las dos versiones de la “ley jaguar”.
Acosta indicó que, si bien la tramitación del proyecto supuso para la Contraloría pasar por una situación “nunca vivida antes”, la institución se siente sólida y continuará con su obligación de promover la transparencia y el cumplimiento del principio de legalidad.
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La CGR también ha enfrentado constantes embates por parte de Chaves y miembros de su gabinete, para deslegitimar las actuaciones de la Contraloría. Los ataques se dirigieron de forma personal contra Acosta y otros funcionarios de la institución.
De acuerdo con la Sala Constitucional, dos de los tres artículos de la última versión de la “ley jaguar” son inconstitucionales. Los magistrados determinaron que solo tiene viabilidad el numeral 2 del proyecto, el cual propone reformar el artículo 12 de la Ley Orgánica de la CGR, para decir que la Contraloría no podrá “sustituir ni abarcar” competencias de la administración, algo que es sabido de antemano.
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Los dos artículos declarados inconstitucionales son los que, en criterio de la Contraloría, permitirían al gobierno y demás instituciones efectuar contrataciones a dedo.
El gobierno introdujo el primero de ellos, el número 4, con la intención de contratar la construcción de Ciudad Gobierno –hasta por $450 millones– al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sin concurso público. Se trataba de una norma de alcance general.
El otro, el número 5, era una reforma presentada también con la intención de que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) contratase la construcción de una marina y una terminal de cruceros en Limón.
