Minutos después de las 10 p. m. de este miércoles, la Presidencia informó de que acató una orden de la Contraloría General de la República (CGR).
La CGR encontró a la funcionaria responsable de contratar de forma irregular dos servicios de asesoría legal con los bufetes DPI Legal y José Paulino Hernández, en los años 2021 y 2022, cuando fungía como asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS.
Las contrataciones, por un total de ¢42,5 millones, se habrían realizado de forma directa y sin los estudios técnicos y jurídicos requeridos, incumpliendo las normas de contratación administrativa.
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El INS requirió esos servicios legales para desarrollar una investigación y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo.
En julio de este año, trascendió que el Tribunal Contencioso Administrativo declaró sin lugar una medida cautelar solicitada por la presidenta del INS, con la cual la jerarca buscaba suspender la sanción.
El Consejo de Gobierno dijo lamentar la orden de la Contraloría, por considerarla irrazonable y desproporcionada.
“La señora Chacón no presenta antecedentes de ninguna índole y, por ello, continuará ante los Tribunales Contenciosos Administrativos defendiendo la legalidad de sus actuaciones”, dijo Presidencia.
