EscucharLa Sala Constitucional dictó, en lo que va del 2024, seis sentencias en contra del gobierno de Rodrigo Chaves por incumplir con la reglamentación de leyes vigentes desde fechas tan antiguas como agosto del 2020. En consecuencia, los magistrados ordenaron a siete ministros y un viceministro emitir la respectiva reglamentación, en un plazo de dos meses, para que las normas puedan ejecutarse.
Los altos jueces giraron esa instrucción al resolver seis recursos de amparo por infringir los plazos establecidos en las mismas normas, o bien, por desacatar la obligación que tiene el gobierno de regular las leyes, por disposición de la Constitución Política.
El inciso 3, del artículo 140, de la carta magna, establece como deber del Poder Ejecutivo de “sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento”.
En todas las sentencias, la Sala Constitucional recordó a los jerarcas que el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional impone una pena de prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien incumpla una orden girada a partir de un recurso de amparo, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Igualmente, para todos los casos se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por la no reglamentación de las leyes.
Mitad de fallos cumplidos
Los fallos dictados en enero, junio y julio permitieron que tres de las seis leyes ya cuenten con sus correspondientes reglamentos.
Este es el caso de la Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del Río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, cuyo reglamento se publicó el pasado 7 junio. La orden fue girada a Natalia Díaz, entonces ministra de la Presidencia, y a Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (Minae).
Díaz renunció al cargo el 22 de junio y en su lugar fue nombrada Laura Fernández, quien también se desempeña como ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Por otro lado, la Ley de la Agencia de Gobierno Digital fue finalmente regulada el 6 de setiembre anterior. Esta fue una tarea que los magistrados asignaron a Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
Mientras que la ley que regula el vapeo y el uso de otros productos similares, cuenta con su debida reglamentación desde el 9 de agosto. La Sala Constitucional encomendó esta tarea al viceministro de Salud, Allan Mora.
Prueba de idoneidad docente lleva 4 años de atraso
En cuanto a las restantes resoluciones, una fue promulgada en setiembre y dos en octubre, por lo que aún se encuentran dentro del plazo definido por los magistrados para cumplir con lo instruido.
La reforma al Estatuto de Servicio Civil para establecer la obligatoriedad del examen de idoneidad en los requisitos de ingreso a la carrera docente, es la norma que ha pasado más tiempo sin poderse implementar por la falta de su respectivo reglamento, pese a que está vigente desde el 12 de agosto del 2020. Los magistrados ordenaron el pasado 4 de octubre a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, corregir la situación.
Salud acumula sentencias
Las otras dos sentencias que aún deben ser atendidas recaen principalmente en el Ministerio de Salud, siendo esta cartera la que suma la mayor cantidad de sentencias dictadas en su contra por no cumplir con su deber de reglamentación.
El 20 de setiembre, el alto tribunal ordenó a Mary Munive, segunda vicepresidenta de la República y ministra de Salud; así como Víctor Carvajal, ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), emitir el reglamento de la Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial.
La norma ordenó al Poder Ejecutivo emitir la debida reglamentación seis meses contados a partir de su entrada en vigencia, lo cual ocurrió el 9 de marzo del 2022.
Salud también debe reglamentar la Ley de Voluntades Anticipadas, según fue instruido el 4 de octubre. Munive comparte esa tarea junto con el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos. Si bien el fallo también menciona a Natalia Díaz, la responsabilidad ahora recae en Laura Fernández, por ser actualmente la persona que ocupa el cargo.
La ley tiene como propósito el permitir a las personas expresar, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, cómo quieren que sea el trato médico al final de su vida. En este sentido, permite a las personas mayores de edad escribir una declaración para que no los conecten a máquinas que les prolonguen artificialmente la vida si sufren, por ejemplo, un accidente o una enfermedad grave.
Hasta el momento de la resolución de la Sala IV, el reglamento se encontraba en proceso de revisión y firmas por parte del Poder Ejecutivo, donde llegó el 24 de junio anterior.
