La Sala Constitucional ordenó a Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), reglamentar en dos meses la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, la cual está vigente desde el 9 de octubre de 2021, sin que el órgano haya entrado en operaciones.
El tribunal igualmente condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, al declarar con lugar un recurso de amparo presentado, a título personal, por Miguel Guillén Salazar, quien es el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN). El proceso se tramitó bajo el expediente 24-012298-0007-CO.
El fallo advirtió a Bogantes de que, en caso de no acatar la instrucción, podría afrontar una pena de tres meses a dos años de prisión, o de 20 a 60 días de multa, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
La sentencia concluyó que la omisión resulta contraria a los derechos del recurrente, pues no permite disponer de una norma que regule la relación del ciudadano con las instituciones de Gobierno por medios digitales.
Al respecto, el Micitt indicó que es respetuoso del fallo y lo acatará en todos sus alcances. “El documento seguirá el trámite establecido para ser oficializado dentro del plazo otorgado”, informó la oficina de Prensa.
Añadió que, por razones administrativas, el reglamento no pudo ser publicado antes del final de la administración de Carlos Alvarado (2018-2022). El periodo máximo de seis meses, fijado en la ley, expiró el 9 de abril de 2022. Según el Micitt, luego sobrevino la emergencia por un ciberataque, lo que obligó a la institución a enfocarse en la contención y solución de este incidente.
El Ministerio agregó que, aun así, tomó acciones encaminadas a la publicación del reglamento, como consultas a la Procuraduría General de la República (PGR) y coordinación con el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Miguel Guillén: ‘Hay un desinterés del Poder Ejecutivo’
En tanto, Guillén dijo que la resolución de la Sala Constitucional “pone en evidencia el desinterés del Poder Ejecutivo en tomar acciones concretas para modernizar el Estado costarricense” y reducir las “interminables filas en algunas instituciones”. En su criterio, es necesario aprovechar la era digital para facilitar el acceso a los servicios públicos.
Si bien el reclamo también estaba dirigido contra el Ministerio de la Presidencia, los magistrados decidieron no acoger esta parte del recurso, por considerar que dicha cartera no tiene injerencia alguna en la creación del reglamento. La instancia técnica encargada del trámite es el Micitt.
La Sala Constitucional concluyó que se lesionaron los derechos fundamentales de Guillén, pese a los alegatos del Micitt sobre los esfuerzos hechos para construir el reglamento en los tres años que han pasado, desde que la ley entró en vigor.
Función de la Agencia Digital
La Agencia fue creada como órgano adscrito al Micitt y bajo su rectoría, pero con independencia operativa. Surgió como propuesta del excongresista Wagner Jiménez (2018-2022), del PLN, en cuyo despacho laboraba Guillén.
Los objetivos de la Agencia de Gobierno Digital son la promoción de la transparencia, competitividad y participación ciudadana en los trámites estatales. Asimismo, le corresponde velar por la confidencialidad y seguridad de la información de las personas, además de buscar la mejora de la calidad de vida de los costarricenses y propiciar un clima de negocios favorable y competitivo.
Miguel Guillén sostiene que la Agencia de Gobierno Digital fomentaría un mejor vínculo entre las entidades del gobierno.
Tres órganos creados por ley sin operar
Además de la Agencia de Gobierno Digital, otros dos órganos creados por los diputados del periodo 2018-2022, continúan sin empezar operaciones, pese a que sus normativas entraron a regir desde los años 2020 y 2021. Así lo confirmó a La Nación el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Este es el caso de la Junta Directiva del Parque Nacional Isla San Lucas, creada en agosto del 2020, por medio de la ley 9892, como órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Lo mismo ocurre con la Agencia de Espacial Costarricense, órgano desconcentrado del Micitt, fundada en mayo de 2021, a través de la ley 9943.
Desde el pasado 3 de julio se remitieron consultas a la oficina de prensa del Minae para conocer las razones por las cuales no estaba operando la Junta Directiva de Parque Nacional, pero no se obtuvo respuesta.
El órgano está compuesto por los jerarcas del Minae, el Ministerio de Cultura, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), una persona designada por el Consejo de Gobierno, la Alcaldía de la Municipalidad de Puntarenas y la presidencia de la Cámara de Turismo de Puntarenas. La norma autoriza a cada uno de los integrantes a delegar la representación en un suplente.
Los directivos son los responsables de determinar los precios de entrada al parque nacional, además de aprobar permisos de uso y concesiones para llevar a cabo obras y servicios que se presten en la zona turística. Asimismo, les corresponde definir las actividades que incentiven la visitación a la isla.
Además, les corresponde aprobar el plan maestro del Parque Nacional y el presupuesto. Bajo su cargo, también está lo relacionado con el fideicomiso del Parque Nacional Isla San Lucas y el manejo de contratos y convenios con entidades y personas, públicas o privadas.
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En el caso de la Agencia Espacial Costarricense, la Comisión de Reforma del Estado de la Asamblea Legislativa rechazó, por mayoría, un proyecto para derogar su ley de creación, a pesar de que la institución no cuenta con un director ejecutivo, recursos presupuestarios asignados, personal ni sede.
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