EscucharJorge Granados Soto, gerente de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció este martes que sufrió una presunta persecución por parte de la expresidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, luego de contradecir tanto a la exjerarca como al mandatario Rodrigo Chaves en torno a los cuestionamientos sobre la construcción del nuevo hospital de Cartago.
Ante la comisión especial legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS, Granados afirmó que fue enviado a vacaciones y, posteriormente, suspendido de su cargo tras responder, en mayo del 2023, un oficio a la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), en el que aseguró que no existe ningún impedimento para construir el centro médico en un terreno ubicado en Valle de Coris, en El Guarco.
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El documento contradecía las manifestaciones hechas, una semana antes, por el presidente de la República, Rodrigo Chaves; la entonces presidenta de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel; y la ministra de Vivienda, Jéssica Martínez, durante la conferencia de prensa semanal desde la Casa Presidencial, sobre la supuesta inexistencia de criterios técnicos que sustentaran la escogencia de la propiedad.
“Yo firmo un oficio indicando que de acuerdo con el expediente de licitación, que es público, sí se incluían esos estudios y a partir de ahí, en menos de una semana, la Junta Directiva decide enviarme de vacaciones.
“Cuando regreso de vacaciones, en plazo de menos de una semana, se me separa del cargo. Supondría yo, de esa serie de hechos, que esas decisiones pues quizás se dieron alentadas por el tema de la noticia del tema del hospital del Cartago”, expresó Granados, bajo juramento.
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El funcionario cuestionó que se le obligara a tomar vacaciones, pese a que, según dijo, otros gerentes acumulaban entre 90 y 100 días, mientras que él solo tenía 30 días libres a su favor.
Tras lo manifestado, el diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), consultó a Granados si sufrió persecución por parte de Marta Esquivel, a lo que el gerente declaró: “Para mí, por lo menos en mi criterio, no cabe la menor duda que mi suspensión fue por haberle contestado el oficio a la diputada Paulina Ramírez”.
Ante esta respuesta, el legislador concluyó que sí hubo persecución por parte de Esquivel, a lo que Granados respondió: “Yo creo que sí.”
La Nación remitió consultas a Esquivel, quien actualmente ejerce como ministra de Planificación y Política de Económica, por medio de la oficina de prensa del Mideplán. Se está a la espera de una respuesta.
Rocío Alfaro: Un patrón del Poder Ejecutivo
Al respecto, la diputada Rocío Alfaro, jefa de fracción del Frente Amplio (FA), alegó que Granados fue víctima de un patrón de conducta por parte del Poder Ejecutivo, “de suspender o despedir a los funcionarios que se rigen por criterios técnicos, y no por criterios políticos”.
La verdiblanca Paulina Ramírez coincidió con las apreciaciones de Granados y consideró que el oficio que él le respondió fue, en efecto, el detonante de las presuntas represalias en contra del funcionario.
“Efectivamente fue producto de una solicitud de información, para tener clara la veracidad sobre los documentos que se había dicho que no se tenían para el terreno y que, don Jorge me hizo llegar.
“Se le suspendió después de eso, por haber facilitado la información”, agregó.
Recuento de los hechos
El 25 de mayo de 2023, la Junta Directiva de la CCSS envió de vacaciones al gerente de Infraestructura, por un plazo de 35 días.
Una vez finalizado ese periodo, fue suspendido temporalmente debido a una investigación en su contra por la supuesta compra irregular del edificio Océano, ubicado en Sabana Norte.
En aquel momento, la cúpula de la CCSS argumentó que la separación se aplicó como una medida cautelar por tres meses, para permitir el avance de las pesquisas
El caso está relacionado con un reportaje publicado por La Nación en junio de 2021, el cual reveló que la institución pública pagó $4,5 millones (¢2.458 millones al tipo de cambio vigente), en julio de 2020, por un inmueble ubicado en Sabana norte que no cumplía con las condiciones necesarias para reubicar a 138 funcionarios.
Una vez concluido el periodo de suspensión, en enero del 2024, Granados fue reinstalado en el puesto, luego que la Junta Directiva de la CCSS rechazó una propuesta de Marta Esquivel de prorrogar por tres meses más la medida.
Los directivos concluyeron que ya no existían motivos para mantener a Granados suspendido, pues ya había concluido la fase de recolección de prueba y no existe riesgo de interferencia.
