El Frente Amplio (FA) propuso dispensar de trámite el proyecto de ley 24.793, que busca eliminar la pensión de los expresidentes de la República, la cual asciende a casi ¢4 millones.
La moción pretende que aplicar el artículo 177 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa, para que la iniciativa pase a ocupar el primer lugar en el orden del día del plenario. Esta propuesta aún no ha sido votada por el Congreso.
La Ley del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional (1992) establece que las pensiones de expresidentes deben ser iguales al salario de un diputado, incluyendo dietas y gastos de representación, y se pagan a partir del mes siguiente al término de su mandato, con cargo al Presupuesto Nacional.
La norma establece que las pensiones de los expresidentes se ajustan automáticamente cada vez que cambia el salario de los diputados. Asimismo, con el fallecimiento del beneficiario, sus causahabientes tendrían derecho al 75% del monto de la pensión, conforme a las condiciones que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) defina para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el principal fondo del país.
Sin embargo, la Dirección Nacional de Pensiones indicó que, hasta la fecha, ninguna persona está recibiendo este beneficio por sucesión.
Propuesta para eliminar el regimen
En diversas ocasiones iniciativas de ley, principalmente impulsadas por el FA, han intentado modificar este sistema de pensiones, para bajar el monto que reciben los exgobernantes, o extinguirlo por completo.
El tema volvió al Congreso en enero de 2025, cuando el diputado frenteamplista Jonathan Acuña presentó el expediente 24.793, con el fin de eliminar por completo el regimen existente. No obstante, la iniciativa no registra avance en la Comisión de Asuntos Sociales, por lo que permanece sin discusión ni dictamen.
Acuña señaló, con base en información proporcionada por la Dirección Nacional de Pensiones a su agrupación, que los beneficiarios de estas pensiones pueden recibirlas incluso si perciben simultáneamente una pensión del IVM, del Magisterio Nacional o del Poder Judicial, o si cuentan con otros ingresos suficientes de distintas fuentes. Asimismo, advirtió de que los cónyuges causahabientes pueden continuar recibiendo la pensión aun cuando tengan un salario como funcionarias públicas.
El legislador criticó el modelo al considerarlo una erogación innecesaria de recursos del Presupuesto Nacional, que beneficia a un número muy reducido de personas y, en su opinión, representa un “peso sobre las finanzas públicas”. Señaló que los exmandatarios “pueden optar, como cualquier ciudadano o ciudadana, por una pensión del primer pilar, cumpliendo con los requisitos correspondientes”.
Para aquellos casos en los que ya se está girando la pensión, el proyecto de ley exige que los beneficiarios demuestren que sus ingresos de otras fuentes son inferiores a tres salarios base para mantener el beneficio; de no hacerlo, la pensión se suspendería.
Además, si sus ingresos futuros superan dos veces el ingreso mensual promedio de los hogares, deberán informar a la Dirección Nacional de Pensiones para que se suspenda inmediatamente el pago.
Finalmente, el proyecto indica que no tendrán derecho a esta pensión quienes perciban simultáneamente beneficios del IVM, del Magisterio Nacional o del Poder Judicial.