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El fiscal general de la República, Carlo Díaz, señaló a un regidor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) de Alajuela como el intermediario entre el diputado Leslye Bojorges, de esa misma agrupación, y un empresario de autobuses sospechoso de formar parte de una organización dedicada al fraude registral y el lavado de dinero.
Dentro del expediente del Caso Richter, una investigación centrada en presuntas faltas al deber de probidad del legislador socialcristiano, Carlo Díaz realizó el análisis de una conversación telefónica detectada entre el autobusero Jonathan Herrera González y el regidor alajuelense Jorge Arturo Campos Araya.
La conversación se produjo el 23 de noviembre del 2023, cuando Campos Araya era candidato a la Alcaldía de Alajuela por el PUSC. Debido al tono de la conversación entre ambos, la Fiscalía General concluyó que existía una relación de amistad entre el concejal y el empresario, hoy detenido por sospecha de legitimación de capitales en el Caso Madre Patria.
“Jonathan Herrera González se comunicó con un sujeto que es identificado en la conversación como Arturo Campos y se confirmó que es Jorge Arturo Campos Araya, quien figuró como intermediario para que Herrera González entrara en contacto con el investigado Leslye Rubén Bojorges León, por su cercanía política con este último y la amistad que sostiene con el primero”, detalló el fiscal en su análisis.
Durante la llamada, el regidor pidió al autobusero que lo disculpara por no haberlo atendido antes, porque la “gente del CTP (Consejo de Transporte Público) no lo está ayudando”.
Arturo Campos le preguntó a Herrera si está en comunicación directa con el diputado Bojorges, si lo estaba ayudando o abandonando, y el autobusero le contesta que sí lo está ayudando.
“La idea es que nos ayudemos entre los dos”, le dijo el regidor socialcristiano al sospechoso.
La hipótesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía General es que Leslye Bojorges le habría pedido una dádiva al autobusero, luego de hacer gestiones ante el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, para solucionar los problemas que estaban teniendo sobre la ruta de autobuses en Barrio San José de Alajuela.
Así se desprende de una conversación entre Bojorges y Jonathan Herrera, efectuada en noviembre del 2023, en la que el diputado le habría solicitado expresamente una ayuda financiera para Gabriela Jiménez Corrales, actual alcaldesa de San Ramón, quien estaba en campaña en ese momento.
En criterio del fiscal general, el dato más revelador es que el regidor alajuelense conocía de las ayudas que Bojorges León le brindaba a Jonathan Herrera en temas relacionados con la explotación y funcionamiento de rutas de transporte público, interpretando que el contacto entre Herrera y el legislador fue propiciado por Campos Araya.
La Nación intentó obtener un contacto con el regidor alajuelense del PUSC; sin embargo, el encargado de prensa de la fracción legislativa de la Unidad remitió un mensaje en el que Arturo Campos respondió que se encuentra estudiando el expediente y la información que ha circulado respecto a la investigación.
“Quiero aclarar que no he recibido ningún dinero que me involucre en este caso y me pongo a las órdenes de la Fiscalía para colaborar con lo que corresponda”, respondió.
El diputado aseguró el jueves, en conferencia de prensa, que fueron los empresarios Jonathan Herrera y Fernando Gómez González, ambos ligados a la presunta banda criminal, los que le ofrecieron insistentemente ayuda, tanto así que él los redirigió hacia la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, y a Jorge Arturo Campos, entonces candidato a alcalde alajuelense.
