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El exdiputado Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), será indagado por la Fiscalía General de la República este martes, a las 8 a. m., dentro de los trámites que lleva adelante esa oficina en los expedientes judiciales sobre presunto abuso sexual en perjuicio de al menos dos mujeres.
El abogado de Alvarado, Eric Ramos, confirmó que la indagatoria se llevará a cabo ese día, luego de que el exlegislador regresó al país el viernes pasado, por la tarde.
El jueves pasado, los representantes legales de dos de las denunciantes de Fabricio Alvarado se apersonaron a la Fiscalía para solicitar medidas cautelares contra el excongresista, máxime que había salido del país una semana antes y no se tenía noticia, para ese momento, de su regreso.
Los abogados de Marulin Azofeifa y de Alicia Castillo solicitaron al Ministerio Público gestionar la solicitud de arresto domiciliario con tobillera electrónica para Alvarado, así como impedimento de salida del país, mientras se resuelve el proceso judicial por presunto abuso sexual.
Si la propuesta es avalada por el fiscal a cargo del gado, lo planteará ante un juez penal que debe resolver dicha solicitud.
La parte denunciante solicitó, entre las medidas cautelares principales, que el exdiputado entregue todos sus pasaportes ante la autoridad judicial y se le imponga la prohibición de comunicarse con los testigos de cargo ofrecidos y la obligación de firmar una vez al mes en un despacho judicial.
“Hemos hecho una instancia muy respetuosa al Ministerio Público para que valore el hecho de que Fabricio Alvarado se encuentra fuera del país, como un potencial riesgo de evasión de un proceso penal que él debe hacer frente en Costa Rica”, dijo David Delgado, abogado de Marulin Azofeifa.
Otra prohibición solicitada por Marulin Azofeifa para Fabricio Alvarado es la de tener comunicación directamente con ella o por interpósita persona, para no causarle ninguna perturbación, ni acercarse a 500 metros de ella.
En criterio de Eric Ramos, el abogado de Fabricio Alvarado, esas solicitudes de medidas cautelares son absolutamente innecesarias, porque aseguró que gestiones de ese tipo deben cumplir un fin de necesidad procesal.
Ramos aseguró que, desde que Alvarado se enteró de los procesos penales interpuestos contra él, el exdiputado se apersonó de forma voluntaria al Ministerio Público.
“Él mantiene su domicilio y su raigambre familiar”, dijo el abogado y cuestionó que la parte denunciante llame a la prensa cada vez que realiza una gestión dentro del expediente judicial.
Además, aseguró que la Fiscalía estaba notificada, en todo momento, de la salida del país de Alvarado y su fecha de regreso.
Mientras tanto, en el Congreso, los jefes de las fracciones de la oposición pidieron a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, el jueves pasado, poner a discusión del plenario los informes de la comisión especial que investigó la denuncia contra Alvarado por presunto hostigamiento sexual.
Dos de los tres informes legislativos emitidos por la comisión investigadora recomendaron una amonestación ética pública contra el exdiputado evangélico.
La decisión de Jiménez fue consultar al Departamento de Asesoría Legal sobre qué debe hacer con dichos informes, pues a ese procedimiento se le aplicó el Reglamento contra el hostigamiento sexua en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas.
El dilema que presenta el caso es que, a partir del 1.º de mayo, Fabricio Alvarado perdió su investidura como legislador.
Por ahora, está pendiente la respuesta de la Asesoría Legal sobre dicho asunto, para determinar cuáles son los pasos por dar en el Congreso.
