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Martín Arias Araya, un policía de extensa carrera quien fuera director del Servicio Nacional de Guardacostas y viceministro de Seguridad, llamó a los directores policiales a no caer en los juegos políticos del gobierno, después de que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, los puso a grabar un video en el que atacan a los diputados de oposición. Les advirtió de que la ciudadanía les perderá confianza por meterse en un acto inconstitucional, más grave del ocurrido en 1995, cuando la Fuerza Pública rodeó el Congreso.
“Eso es muy grave. Mi recomendación es que no vuelvan a caer en esto, Ustedes no están en la obligación de hacer un pronunciamiento de este tipo para defender a un funcionario, un jerarca o al presidente. Ustedes defienden al presidente de balazos cuando vienen las emergencias, pero no se metan, y que no los metan en juegos políticos, en los que al final la que va a perder es la Policía, porque se le va a perder la confianza a un cuerpo benemérito de la Patria por tantísimos años.
“Se le va a perder la confianza y a los políticos también se les va a perder la confianza, porque ya no son fiables al hacer este tipo de pronunciamientos en contra de otro poder”, alertó Arias en el programa Horizontes, de Radio Centro. El exfuncionario, de 65 años, se jubiló el 31 de enero pasado luego de ejercer la dirección de Guardacostas por 17 años. También fue viceministro de Seguridad hasta el 10 de mayo del 2023 fue viceministro de Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad.
Este hecho es más grave que el desfile de Juan Diego Castro, dice el exdirector policial
En entrevista con el periodista Edgar Houed Retana, el comisario recordó dos momentos en la historia reciente de Costa Rica en los que la Policía se vio envuelta en situaciones políticas. El primer caso fue el intento de golpe de Estado de abril de 1949, conocido como el Cardonazo, efectuado por el entonces ministro de Seguridad Pública del gobierno de facto, Édgar Cardona.
El segundo fue el desfile organizado por Juan Diego Castro en 1995, entonces ministro de Seguridad, cuando movilizó a las fuerzas policiales para marchar contra el Legislativo y rodear el edificio. Ese acto le ameritó el primer voto de censura del Congreso contra un ministro. Lo aprobaron 51 diputados de 56 presentes.
Sin embargo, Arias destacó que el incidente reciente es más preocupante que lo hecho por Castro hace casi 30 años, pues en ese momento no hubo un pronunciamiento “tan grave” de los oficiales contra otro poder.
Hubo amenazas del gobierno a los jefes, dice el exdirector de Guardacostas
El exdirector policial dijo tener conocimiento de amenazas del gobierno hacia los jefes de los órganos policiales para obligarlos a aparecer en el vídeo.
“Algunos dicen que los policías han declamado el libreto, otros dicen que lo leyeron, en fin, ¿cuál es la situación? ¿Usted cree que es conveniente eso? Y aquello que se dice: una orden mal dada no es obligada. Sin embargo, nos dicen algunos que, si no salían ahí, hubieran terminado en Los Chiles, en Upala o quién sabe dónde.
“Una orden mal dada no se acata, y eso nos lo dicen desde el primer día que entramos a la Policía; yo conozco todo esto. A directores que estuvieron ahí se les ve en la cara el desánimo total. No están convencidos”, continuó.
Martín Arias, quien laboró 45 años en el Ministerio de Seguridad y es experto en materia policial, lamentó que el ministro de Seguridad utilizara a los oficiales para producir el video, el cual interpretó como un desplante al Poder Legislativo. En su criterio, esta acción no solo vulnera la Constitución Política, sino que también representa una amenaza para la institucionalidad.
El artículo 12 de la Constitución Política establece que las fuerzas de policía no pueden “deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.
Debieron unirse y decir ‘no’, agrega Arias
El exdirector de Guardacostas explicó que, como las fuerzas policiales tienen prohibido apoyar públicamente a bandos políticos, los directores debieron unirse para rechazar la petición del gobierno.
“Si todos, para la próxima, los 15, 20 o 25 oficiales que había ahí, le dicen al ministro ‘mire, señor, nosotros no podemos hacer eso porque la Constitución nos lo prohíbe’, no los van a botar a todos. Van a tener que decir ‘cierto, cierto, ellos tienen la razón, los estamos obligando a entrar a un escenario político para el cual la Policía no está ni facultada legalmente ni motivada moralmente para enfrentarse a otro poder de la República’”, aseveró Martín Arias.
Este lunes, Mario Zamora negó que el video haya constituido un acto inconstitucional. Alegó que jurisprudencia de la Sala IV permite a los policías hacer manifestaciones en el marco de la legalidad y que, en este, se pronunciaron para decir que sí saben usar radios de comunicación y armas.
“Estamos salvaguardando la dignidad de nuestra gente, nuestros trabajadores, frente a criterios u opiniones que les demeritan”, argumentó.
En otros países, un pronunciamiento así significa la caída de un gobierno
De acuerdo con el exviceministro Martín Arias, en otros estados latinoamericanos con ejército, un pronunciamiento de este tipo podría significar el fin de una administración.
“En otros países, los militares hacen un pronunciamiento y se cae el gobierno. Pero vea, comparemos, ¿qué hubiera pasado si todos esos directores que salen reclamando, como ya se menciona vox populi, hacen una manifestación en contra del presidente? Si hubieran dicho ‘presidente, no estamos de acuerdo con lo que usted dice, estamos en desacuerdo’. Entonces, ¿qué hubiera pasado con el presidente? ¿Cómo se hubiera interpretado eso? ¿Como un golpe de Estado al Poder Ejecutivo? “, indicó Arias.
Este viernes por la noche, la Presidencia y el Ministerio de Seguridad difundieron un vídeo donde aparecieron los jefes de 10 cuerpos policiales. En el material, los directores, junto al ministro de Seguridad, Mario Zamora, criticaron a los congresistas de oposición, mientras se mostraban imágenes de operativos policiales y oficiales cargando armas. El audiovisual incluso fue utilizado como Cadena Nacional el domingo 13 de octubre.
Alineados con el ministro y respaldados por grupos de oficiales, participaron los jefes de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía Penitenciaria, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Migración, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía Control de Drogas, la Policía de Tránsito, la Policía Turística y la Policía de Control Fiscal.
El gobierno también incluyó a la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Unidad de Protección Presidencial (UPP), ambas bajo el mando exclusivo de la Presidencia.
Los directores niegan que el país tenga un narcoestado y mencionan el nombre de Dinorah Barquero, diputada de Liberación Nacional (PLN). “Les pedimos: diputados, respeten nuestro uniforme”, dicen los oficiales.
