El Concejo Municipal de Santa Ana declaró administrativamente responsable al exalcalde Gerardo Oviedo Espinoza por un “conflicto de intereses de carácter real”, al emitir actos administrativos concretos que favorecieron a su esposa de apellido Sánchez. No lo sancionó porque Oviedo dejó su cargo en el 2024.
Así lo determinó el órgano el 19 de agosto, al encontrarlo responsable de los cinco reproches por los que era investigado desde el 2022.
Tanto Oviedo como su abogado Verny Valerio dijeron a La Nación que aún no han sido notificados, por lo que esperarán ese acto antes de pronunciarse.
El primero de los reproches se remonta al 2007, cuando según el informe del órgano director, en apariencia autorizó un contrato de capacitación con la Municipalidad de Santa Ana a favor de su esposa.
En ese mismo año, Oviedo supuestamente firmó una acción de personal concediendo un aumento salarial del 6% a Sánchez. Ese incremento fue por un acuerdo general del Concejo; sin embargo, el informe le reprocha en ese y todos los casos “no abstenerse de intervenir en asuntos que involucraban directamente a su cónyuge”.
En el 2008, según la investigación, en apariencia el exalcalde liberacionista firmó acciones de personal y oficios mediante los cuales otorgó recargos y nombramientos interinos a su cónyuge en puestos de proveedora Municipal, directora Administrativa y directora de Hacienda. Entre ese mismo año y el 2018, supuestamente firmó las evaluaciones de desempeño de Sánchez.
El último reproche es que, en apariencia, en su condición de alcalde municipal, Oviedo aprobó y firmó múltiples solicitudes de vacaciones de su esposa. El informe del órgano director tuvo probadas todos esos actos del exfuncionario.
El informe sostiene, sin embargo, que no se le puede aplicar ningún tipo de sanción al exjerarca, dado que ya no labora en ese municipio. En el 2024, dejó la alcaldía municipal, cargo que ocupaba desde 2007.
Esa decisión fue acogida por el pleno del Concejo Municipal de Santa Ana que declaró “inejecutable” cualquier tipo de sanción que pudo haber impuesto.
El presidente del Concejo Municipal de Santa Ana, Gonzalo Rojas, indicó a La Nación que se encuentra recusado desde el inicio del proceso y, por lo tanto, no tiene conocimiento del caso.
Se remitieron las consultas a la Secretaría del Concejo; no obstante, indicaron que “dicha solicitud será conocida por el Concejo Municipal en la sesión del martes 9 de setiembre de 2025″. Sin embargo, al cierre de esta nota ese órgano no ha enviado ninguna respuesta.
Sin notificación
Consultado por La Nación, el exalcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, aseguró que aún no ha sido notificado de la resolución del Concejo Municipal y, por esa razón, prefirió no referirse de fondo al caso. “No conozco en realidad qué fue lo que ellos hicieron. Si me notifican algo, pues ahí yo podré dar alguna referencia, pero no me lo han hecho”, señaló.
Oviedo agregó que el proceso se ha extendido más de lo previsto: “Nosotros en ese momento (audiencia) presentamos falta de interés actual, porque yo estoy pensionado, yo ya no tengo ningún tipo de interés en ninguna función pública. Ya pasé mi período de alcalde de que estuve ahí y ya, o sea, para mí se acabó ese tema y no me han dicho todavía nada al respecto y yo acabo de ver el correo y no tengo nada”.
Agregó que, una vez sea notificado, valorará junto a su abogado, Verny Valerio, las eventuales acciones legales a seguir.
El abogado del exalcalde, quien también fue alcalde de San Rafael de Heredia, confirmó vía telefónica a La Nación que aún no han recibido la notificación oficial de la resolución y que, por respeto al proceso, esperarán a ese acto antes de pronunciarse. No obstante, cuestionó la demora en la notificación, pese a que el Concejo Municipal adoptó la decisión desde agosto anterior.
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