Agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la mañana de este jueves siete oficinas municipales, dos residencias particulares y las oficinas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana, en una investigación por el delito de peculado.
De acuerdo con la Policía Judicial, fueron detenidas tres personas: el exalcalde Gerardo Oviedo Espinoza, de 61 años; su esposa, apellidada Sánchez Venegas, de 58 años, quien se desempeñaba como directora administrativa; y otro hombre, apellidado Solís Vargas, de 54 años, exchofer de Oviedo. A estos individuos se les investiga por presuntamente utilizar fondos públicos para pagar las cargas sociales de los jugadores de un equipo de fútbol que participaba en la Liga de Ascenso en ese entonces.
Según el Ministerio Público, además de los detenidos, la Fiscalía investiga a otros 10 funcionarios públicos. Sin embargo, en esta etapa procesal, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) consideró necesaria únicamente la detención del exalcalde, su esposa y su exchofer.
La Fiscalía destacó que el objetivo de los allanamientos fue decomisar prueba documental, equipo electrónico y cualquier indicio relevante para el proceso. Por esta razón, los agentes incautaron dinero en efectivo (100 rublos y 3 riales cataríes), un teléfono celular, una computadora y un pasaporte.
“A los sospechosos se les tomará la declaración indagatoria en el transcurso del día y, posteriormente, se valorará si corresponde solicitar medidas cautelares”, indicó el Ministerio Público.
Hechos investigados
El caso se remonta a enero de 2023, cuando se reveló una investigación realizada por la División Jurídica de la Contraloría General de la República que abarcó el periodo entre 2018 y 2020. Presuntamente, el entonces alcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, incluyó partidas presupuestarias por ¢15 millones para cubrir las cargas sociales de los futbolistas de la Asociación Deportiva Municipal Santa Ana.
Se alega que Oviedo luego ordenó transferir los recursos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana para que fueran depositados en una cuenta bancaria a nombre del equipo de fútbol.
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La organización deportiva, de carácter privado, era presidida por el hombre de apellidos Solís Vargas, funcionario de la Municipalidad de Santa Ana desde 2007 y entonces chofer del alcalde. Ese equipo acaba de ascender a la Primera División.
Estos flujos de dinero se realizaron a pesar de que no existía un convenio entre el club de fútbol y la Municipalidad. Además, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) certificó que la Asociación carecía de una Declaratoria de Utilidad Pública, un requisito fundamental para obtener recursos públicos.
Como resultado de estos hechos, el 21 de noviembre de 2023, la Contraloría General de la República comunicó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la decisión de suspender sin goce de salario, por un mes, al alcalde de Santa Ana.
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Meses antes, la Contraloría ordenó al alcalde y a los miembros del comité cantonal de deportes devolver, en conjunto, los ¢15 millones a las arcas municipales. En setiembre, Oviedo asumió el reintegro completo del monto. Aunque impugnó la sanción, su gestión fue rechazada por la Contraloría.
El órgano fiscalizador atribuyó al entonces alcalde y a otros nueve funcionarios municipales presuntas violaciones a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, al Código Municipal y a la Ley General de Administración Pública, entre otras.
Por medio de redes sociales, el actual alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, confirmó este jueves que los allanamientos corresponden a la causa que se sigue contra su antecesor. “Nosotros desde que llegamos hemos implantado una cultura de legalidad, hemos estado en una lucha constante y gracias a Dios muchos funcionarios se han aplicado”, comentó.
