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A casi tres décadas de su creación, el Código Procesal Penal costarricense enfrenta un escenario para el que no fue concebido. El vertiginoso avance del crimen organizado y de los ciberdelitos obliga hoy al Poder Judicial a replantear con urgencia sus procesos penales, bajo el reconocimiento de que las reglas vigentes desde 1998 resultan insuficientes frente a las dinámicas delictivas actuales.
Ante este escenario, el Poder Judicial puso en marcha una reforma del Código Procesal Penal con el objetivo de adaptarlo a una criminalidad cada vez más compleja. La iniciativa, liderada por la Sala III, prevé la elaboración de un proyecto de ley en un plazo de nueve meses para su posterior envío a la Asamblea Legislativa.
El proceso se da en medio de una creciente tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo —tanto durante la administración anterior de Rodrigo Chaves como en la actual de Laura Fernández— en la que el Gobierno ha cuestionado reiteradamente la eficiencia de la justicia. Este choque ha dificultado el avance de reformas estructurales en un contexto de deterioro de la seguridad ciudadana.
Un código desfasado ante una nueva criminalidad
Para el magistrado de la Sala III, Gerardo Alfaro, la urgencia de la reforma no radica en la antigüedad de la normativa vigente, sino en la transformación acelerada del fenómeno criminal.
“La sociedad costarricense ha vivido un muy acelerado cambio en la forma en que las estructuras criminales se están manejando hoy”, afirmó. Según explicó, el país pasó en pocos años de enfrentar una criminalidad distinta a convivir con “carteles extranjeros” que han establecido conexiones locales, así como a dejar de ser únicamente un territorio de tránsito para convertirse también en un espacio de consumo de drogas.
“Ya no solamente somos ese territorio que geográficamente es tan importante porque está ahí en el centro de las Américas”, destacó.
A esto se suma un nuevo escenario tecnológico que no fue previsto cuando se diseñó el modelo actual. “Estamos hablando de delitos sexuales contra personas menores de edad que se manejan en una red profunda de internet (…) evidentemente eso no estaba en la década de los 90”, señaló Alfaro, quien también mencionó el uso de herramientas como la inteligencia artificial en actividades delictivas.
La Corte Suprema de Justicia encomendó a la Sala III la elaboración de una propuesta centrada en el ámbito procesal, como parte de un proyecto más amplio de reforma del sistema de justicia penal.
Prioridad: una respuesta más ágil
Frente a la avalancha delictiva, surge una duda natural: ¿por qué la Corte Suprema apuesta por ajustar los procedimientos penales en lugar de endurecer los castigos en el Código Penal? Alfaro indicó que para el Poder Judicial es apremiante generar una respuesta lo más pronto posible porque la población exige soluciones “para hoy”.
“Comenzamos con lo procesal porque nos parece que lo inmediato es poder responderle a la población con un procedimiento ágil, con un procedimiento eficaz”, detalló el magistrado. El objetivo es que tanto las personas imputadas como las víctimas reciban respuestas más rápidas, en un contexto de alta demanda y recursos limitados.
Indicó que una reforma de todo el sistema penal tendría que nacer “de una gran concertación que hoy se ve difícil, pero que yo tengo la esperanza de que no sea difícil”.
El magistrado defendió que el Código Procesal Penal vigente —en funcionamiento desde 1998— sigue siendo una herramienta valiosa, pero requiere ajustes. “Es un buen insumo para pensar en este nuevo escenario”, dijo, al tiempo que adelantó que el proceso arrancará con una fase de diagnóstico para identificar los cambios necesarios.
Límites constitucionales de la reforma
Alfaro también fue enfático en que la reforma no implicará cambios en los principios fundamentales del sistema penal costarricense. “Yo quiero que eso quede muy claro”, subrayó. El magistrado descartó la posibilidad de que la Sala III pueda incluir en el proyecto reformas que conlleven aspectos como invertir la carga de la prueba o el principio de culpabilidad.
Recordó que el artículo 39 de la Constitución Política señala que toda persona es inocente hasta que haya una sentencia en firme que demuestre lo contrario. “Yo eso no puedo cambiarlo en una propuesta de Código Procesal Penal, aunque la gente lo quiera. Porque ese es el sistema que nosotros escogimos y ese es el sistema que sostiene un estado democrático de derecho”, explicó.
Advirtió que un cambio de ese tipo implicaría no solo modificar la Carta Magna, sino también todo el sistema de derecho que ha sido la columna vertebral del país. “Es cambiar todos los valores que ha tenido esta sociedad costarricense. Si eso es lo que quiere la sociedad costarricense, es otro el medio para cambiarlo”, precisó.
¿Participación del Ejecutivo?
Pese a las tensiones entre poderes, el magistrado abogó por la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de reforma, especialmente en áreas técnicas vinculadas a la investigación criminal.
Señaló la necesidad de incorporar en mesas técnicas a instituciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entre otros actores.
“Yo confío en que haya un momento en el que podamos llamar a esas mesas técnicas (…) a toda la organización estatal”, afirmó.
Hacer más con menos en una cancha dispareja
El magistrado también cuestionó las críticas sobre la supuesta falta de eficiencia del Poder Judicial y advirtió que cualquier mejora procesal estará condicionada a la disponibilidad de recursos. “Yo sí creo que hacemos mucho, todavía con poco, y ahora habrá que hacer mucho, pareciera que todavía con menos”, sostuvo.
Alertó que las buenas intenciones de la Corte podrían chocar contra un muro si no hay financiamiento. Un código más ágil será insuficiente sin recursos para aplicarlo. “Nada logramos con un país sumido en la violencia, sumido en el crimen con un Poder Judicial debilitado, con una policía debilitada”, añadió.
Alfaro abogó por reforzar el sistema de justicia penal con más investigadores, jueces, fiscales, tecnología e infraestructura que permitan nivelar la cancha en la lucha frontal contra un crimen organizado que no se ve limitado por recortes presupuestarios ni restricciones fiscales.
