La Sala Constitucional obligó al gobierno de Rodrigo Chaves a revelar los cargos y salarios de 13 funcionarios de Casa Presidencial, en respuesta a un recurso de amparo presentado por el medio de comunicación Radio Zurquí.
Las remuneraciones oscilan entre ¢400.000 y los casi ¢3 millones, por labores de protocolo, comunicación, asesoría legal y de proyectos.
El recurso ante la Sala fue presentado por Erick Sojo Marín, en representación de Radio Zurquí, contra el Ministerio de la Presidencia. La información se solicitó sobre los funcionarios que acompañaron al presidente Rodrigo Chaves en su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el pasado 5 de mayo.
Salarios más altos
El funcionario con el salario más elevado mencionado en el documento suministrado por la Casa Presidencial a Sojo, es el de Eduardo Enrique Mora Castro, quien se desempeña como jefe de la Asesoría Jurídica de la Casa Presidencial, de acuerdo con su perfil en LinkedIn.
Antes de llegar a Casa Presidencial, Mora era jefe legal en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Su salida se dio entre cuestionamientos por su presunta intervención en el acuerdo que incorporó en un decreto de emergencia los daños del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia, argumentando que fueron causados por la tormenta Bonnie, en julio de 2022. Pero dicha relación causal nunca existió.
Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes (Mopt), y la exministra de Hacienda, Priscilla Vindas, responsabilizaron a Mora de promover el acuerdo de declaratoria de emergencia, alegato que fue rechazado por el abogado.
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La segunda remuneración más alta pertenece a Margie Conejo Carmona, quien cuenta con una licencia sin goce de salario de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), vigente desde el 1.° de agosto de 2024 y hasta el 7 de mayo de 2026. En ese lugar, ella era la encargada del área de Proveeduría, según se menciona en las actas institucionales.
Los dos otros cargos que superan los ¢2 millones, son ocupados por los abogados Andrea Angulo Rojas y Alonso José Zeledón Carazo.
Enlaces, candidatos a diputados y redes sociales
Por su parte, el periodista Andrey Araya Rojas, devenga un sueldo de ¢1.794.347,50. Previo a trabajar en Zapote, estuvo en el Ministerio de Justicia y Paz, como encargado de redes sociales.
Mientras que Ariel Mora Fallas, mejor conocido en redes sociales como el “Profe Ariel”, registra una retribución de ¢1.543.646 por su trabajo como enlace territorial entre la Casa Presidencial y la región Brunca.
Mora, docente de profesión, es candidato a diputado por el tercer lugar de Puntarenas por el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).
Aleikko Tattoli Dunkley, con un sueldo de ¢1.438.605, labora como asesor en el departamento de giras de la Casa Presidencial, según destacó el mismo funcionario en su perfil de LinkedIn.
De cerca le sigue Enid Arrieta Bonilla, con un salario de ¢1.315.296. Según el medio de comunicación Guananoticias.com, la funcionara es el enlace territorial de Presidencia con la provincia de Guanacaste.
Arrieta registra una participación con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como delegada territorial de La Cruz, en el 2017.
Luego pasó al fabricista Partido Nueva República (PNR), donde también fungió como delegada territorial suplente, desde noviembre del año 2018. Sin embargo, también renunció a esta agrupación, en diciembre del 2022, para unirse a Pueblo Soberano, de acuerdo con los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
La orientadora María Jesús Blanco Torres cuenta con un salario de ¢1.087.319,50. Afirma tener experiencia en proyectos de desarrollo humano, con enfoque de género y sensibilidad hacia la población migrante.
En el caso de Isaac Amador Montiel, este figura como relacionista público, en el registro del Colegio de Periodistas (Colper). Su nombre también aparece entre los encargados de la elaboración de los informes de labores del presidente Chaves, de los periodos 2023-2024 y 2024-2025.
De la revisión efectuada por La Nación, no se lograron obtener datos sobre las tareas que tiene a cargo Pamela Rosales Jiménez.
Las remuneraciones más bajas corresponden a Minor Alberto Rodríguez Badilla, candidato número 15 por San José del PPSO, y a Guillermo Cantillano Flores, quien, según su perfil de LinkedIn, se desempeña como asistente de la jefatura del despacho presidencial y gestiona la correspondencia oficial dirigida a Rodrigo Chaves.
Condena contra el Estado
Los magistrados constitucionales obligaron al Gobierno a suministrar la información, tras determinar que existió una lesión a los derechos fundamentales de Sojo y Radio Zurquí, porque solamente se brindó un listado con los nombres de los funcionarios y una descripción general de sus cargos. Se obvió suministrar el detalle del puesto y el salario mensual, pese a que esos datos también fueron solicitados.
A raíz de esta situación, la Sala Constitucional ordenó al ministro a.i. de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, suministrar la información completa y condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, por omitir el resto de los datos consultados.