El asesor legal de Presidencia, Eduardo Mora Castro, quien anteriormente fungía como jefe de la Asesoría Jurídica de la Comisión Nacional de Emergencias, culpó al exministro de Obras Públicas Luis Amador de haber promovido el nexo causal, presuntamente inexistente, entre el impacto de la tormenta Bonnie y el daño en la pista del aeropuerto de Liberia.
Según Mora, cuando en junio de 2023 se pidió a la Junta Directiva de la CNE ampliar el decreto de emergencia para atender la infraestructura afectada por la tormenta tropical Bonnie, los miembros de ese grupo recibieron un informe técnico con una solicitud “amplia, fundamentada y detallada”, que estaba firmada por Amador y por el entonces director de Aviación Civil, Fernando Naranjo.
Así lo manifestó el abogado la noche de este lunes, durante una comparecencia ante los diputados de la Comisión de Infraestructura.
En esa solicitud, añadió Mora, se les indicó que la pista sí presentaba daños previos, pero se aseguraba que el paso de Bonnie aceleró el deterioro en un 24%, por lo que la vida útil se redujo a dos años.
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Pese a los cuestionamientos de los legisladores, el ahora asesor del presidente Rodrigo Chaves, afirmó que su papel no consistía en validar o no la existencia del nexo, sino en explicar la ruta a seguir y la figura legal permitida para ampliar estos decretos.
En comparecencias previas, tanto Amador como la exviceministra de Hacienda, Priscilla Zamora, habían señalado a Mora como responsable de promover el acuerdo de declaratoria de emergencia; sin embargo, el abogado sostuvo que esta podría ser parte de la estrategia del exministro de Obras Públicas.
Al ser consultado sobre las razones por las que se ignoró el criterio técnico de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, donde los ingenieros de Aviación Civil advirtieron de que no era procedente atender la reparación de la pista vía decreto de emergencia, el funcionario afirmó que conoció ese documento hasta febrero de 2024, cuando trascendió en los medios de comunicación.
El abogado aseveró que el documento nunca fue llevado por Naranjo al seno de la Junta Directiva de la CNE, pero, además, sostuvo que dudaba de su validez.
Las llamadas con supuestas presiones
El diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, le consultó a Mora, sobre las llamadas virtuales, que según declaró Amador en diciembre pasado, se sostuvieron con el presidente de la CNE, Alejandro Picado, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en las dijo haber recibido presiones para adjudicar a Pedregal el arreglo de la pista.
Según el exasesor de la CNE, solo hubo dos llamadas en las que estuvieron presentes las personas citadas. En la primera de ellas, dijo, fue citado para dar su posición legal sobre si era posible declarar el estado de la pista como emergencia nacional.
“Don Luis estaba convencido de que esa era la opción, recomendé que para usar el régimen de excepción tenía que demostrar de que había una afectación, él decía firmemente que podía demostrarlo”, declaró Mora.
Sobre la segunda reunión virtual, agregó que en esta sí se vieron los términos del contrato, pero negó la existencia de presiones. Lo que se discutió, dijo, era si había elementos de nulidad en el proceso de contratación.
Por su parte el diputado liberacionista, Francisco Nicolás, cuestionó a Mora sobre el traslado de ¢12.000 millones que iban a ser destinados para atender los daños causados por la tormenta Julia en la zona sur del país y que se decidió trasladar para la atención de la pista.
El abogado aseguró que el dinero no estaba asignado, pues el Fondo de Emergencias trabaja como un “fondo único para atención de eventos de reconstrucción y atención inmediata” y que para ese momento no había un proyecto asignado para el caso de las afectaciones por Julia.
Contrario a lo declarado por Mora, los ¢12.000 millones consultados por Nicolás no provenían específicamente del Fondo Nacional de Emergencias, sino que saldrían de distintas instituciones para conformar un fondo determinado para la atención de la emergencia en el sur del país.
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La investigación de obras en pista de Liberia
La investigación de la Comisión sobre el arreglo de la pista del Daniel Oduber busca determinar si se realizó un “traje a la medida” en el contrato, como aseguró el presidente Chaves al destituir a Amador, por considerar que el cartel de licitación favorecía a la constructora MECO.
El foro legislativo también pretende analizar si la rehabilitación, realizada mediante un proceso excepcional bajo decreto de emergencia, justificaba esta modalidad de contratación (de emergencia) que carece de controles de la Contraloría General de la República.
Varios expertos y funcionarios de la Dirección de Aviación Civil declararon en audiencias anteriores que el deterioro de la pista no fue provocado ni agravado por la tormenta tropical Bonnie, como se afirmó en el decreto firmado por el presidente Chaves en junio del año pasado.
El contrato fue adjudicado a la constructora MECO en enero de 2024, por un monto de ¢21.800 millones a pesar de que su oferta no era la más barata. Los trabajos recibieron orden de inicio el 8 de marzo del año pasado y estuvieron durante seis meses, debido a que la empresa presentó una ingeniería de valor, que redujo el alcance de las obras y el costo en $5 millones según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).