EscucharEl exministro Luis Amador Jiménez aseguró este viernes ante los diputados de la Comisión de Infraestructura, que recibió una “presión impropia” del presidente Rodrigo Chaves para adjudicar “de alguna manera” la rehabilitación de la pista del aeropuerto de Liberia, a la constructora Pedregal y no a MECO.
Amador, quien comparece como parte de la investigación que se sigue por esa contratación, sostuvo que en diciembre del 2023 recibió “llamadas grupales” en las que también estaba el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte, y su asesor legal, con el fin de que el contrato no recayera sobre la empresa MECO.
Chaves destituyó a Amador en marzo de este año, acusándolo supuestamente de haber hecho un contrato a la medida para favorecer a esa constructora.
“Para mí es claro que mi destitución no fue más que un acto revanchista y arbitrario por parte del presidente Rodrigo Chaves, quien fiel a su estilo déspota y autoritario, castiga y remueve a quien no se alinee a su voluntad y que no le diga que sí a todos sus caprichos, sin cuestionamientos, aun cuando se trate de actos ilícitos , indebidos o antiéticos”, aseveró Amador.
Según el exministro, para finales del 2023 e inicios del 2024, ya venía teniendo “choques” por otros casos en los que él no se había prestado para “actuaciones que podían estar al margen de la ley”.
Amador declaró que Chaves lo destituyó porque se enteró de que tenía conversaciones con representantes de otros partidos, por lo que se dio cuenta de que “no iba a ser su títere”.
“Me destituyó con la excusa de pérdida de confianza, para usarme como chivo expiatorio y así cubrir que fue él quien giró la instrucción inicial de que el arreglo de la pista del aeropuerto de Liberia se tratara como una emergencia nacional”, afirmó.
Chaves pidió que pista se incluyera en decreto de emergencia
Como parte de su declaración, Amador señaló que luego de que el presidente Chaves fuera puesto en conocimiento sobre el estado de la pista, lo convocó a una reunión el 16 de junio del año pasado, en la que “de forma directa giró la instrucción de que el estado de la pista debía ser tratado como emergencia nacional”.
De acuerdo con la versión de Amador, al presidente se le advirtió de que primero debían realizarse los análisis técnicos y jurídicos para valorar si era viable incluir el arreglo en el decreto de emergencia, por lo instruyó al jerarca de la CNE, para que convocara a una sesión extraordinaria de dicha institución.
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En relación con la presunta inexistencia del nexo causal entre el daño en la pista y la tormenta tropical Bonnie, bajo la cual se pretendía incluir el arreglo como emergencia, Amador expresó que Aviación Civil y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) elaboraron un análisis sobre la condición de la pista, en el que se incluyó un apartado sobre la aceleración de su deterioro así como la reducción prematura de la vida útil a causa de la tormenta, siguiendo instrucciones de la Comisión Nacional de Emergencias.
Según el exministro, en la citada sesión extraordinaria, el jefe de la asesoría legal de la CNE, quien ahora es asesor legal del presidente, indicó que se había logrado determinar que además de los daños planteados por el MOPT, hubo una serie de afectaciones a la población, “lo que podría justificar una ampliación para incluir al cantón de Liberia en el decreto”.
“Es evidente que la validación y confirmación del nexo entre la tormenta Bonnie y el estado de la pista, así como lo referente a su reparación fue una labor que llevó a cabo la CNE a través de su jefe de asesoría legal, Eduardo Mora, y el resto de sus equipos técnicos especializados en la materia”, agregó.
Las ‘presiones impropias’ denunciadas por Amador
Tras completar la exposición, Luis Amador se abstuvo de contestar algunos de los cuestionamientos de los legisladores, asegurando que ya rindió una amplia declaración ante la Fiscalía.
Una de las preguntas que sí respondió fue a qué se refería con presiones impropias, a lo que indicó que fueron “múltiples llamadas telefónicas”. Además, dijo que esta no era la primera vez que el presidente intervenía en procesos de licitación.
Al ser consultado si Chaves se molestó porque la empresa adjudicada no fuera Pedregal, Amador afirmó que el presidente le reclamó en múltiples ocasiones.
La diputada Katherine Moreira, le preguntó a Amador si los ministros que no obedecen a Chaves son víctimas de acoso, maltrato u ofensas y el exjerarca dijo que, según su experiencia personal, así lo percibió.
El exministro también negó las afirmaciones de los ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica que meses atrás lo señalaron por ejercer presión para establecer el nexo causal entre el daño en la pista y el evento climatológico.
La diputada oficialista Pilar Cisneros, quien no forma parte de la comisión y apareció luego de que Amador hiciera su declaración inicial, le insistió al exministro para que dijera que el interés de Chaves para adjudicar a Pedregal, obedecía a que se trataba de una oferta $2 millones más barata. El exministro se negó a responder la mayoría de cuestionamientos planteados por Cisneros, a quien acusó de ser enviada para defender a Chaves.
Por su parte, el legislador liberacionista Francisco Nicolás sostuvo que el citado “traje a la medida” fue orquestado desde la Comisión de Emergencias por órdenes “que venían desde Zapote”, pues fue ese órgano el que pidió cambiar criterios de experiencia, cantidad de maquinaria y diseños, para ajustarlos a una empresa en particular.
Amador también indicó que el caso del aeropuerto de Liberia tendría “ramificaciones” que incluirían otros procesos de contratación, pero se negó a brindar más detalles sobre estos, pues aseguró podrían comprometer las investigaciones.
Según dijo, el presidente le habló de procesos licitatorios “en múltiples ocasiones”. Nicolás le preguntó si en alguno de esos otros casos interpondría las denuncias respectivas, a lo que el exjerarca también indicó que no podía contestar directamente.
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La investigación de la Comisión sobre el arreglo de la pista del Daniel Oduber busca determinar si se realizó un “traje a la medida”, como aseguró el presidente al destituir a Amador, aludiendo que el cartel de licitación favorecía a la constructora MECO. También se pretende analizar si la rehabilitación, realizada mediante un proceso excepcional bajo decreto de emergencia, justificaba esta modalidad de contratación (de emergencia) que carece de controles de la Contraloría General de la República.
Varios expertos y funcionarios de la Dirección de Aviación Civil declararon en audiencias anteriores que el deterioro de la pista no fue provocado ni agravado por la tormenta tropical Bonnie, como se afirmó en el decreto firmado por el presidente Chaves en junio del año pasado.
El contrato fue adjudicado a la constructora MECO en enero de este año, por un monto de ¢21.800 millones a pesar de que su oferta no era la más barata. Los trabajos recibieron orden de inicio el 8 de marzo y estuvieron detenidos entre junio y esta semana, debido a que la empresa presentó una ingeniería de valor, que redujo el alcance de las obras.
