El domingo 9 de octubre del 2022, la tormenta Julia provocó angustia a miles de personas. Ríos desbordados, casas y carreteras al tope de agua y lodo, y hasta vehículos volcados, dejaron las inundaciones. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprobó un fondo para reparar los daños en la zona sur, la más afectada, pero, casi un año después, el lunes 4 de setiembre del 2023, le dio un giro.
Ese día, mientras cientos de vecinos de los cantones de Pérez Zeledón, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus, Golfito y Osa estaban aún a la espera de ayuda y arreglos, ocho miembros de la Junta Directiva de la CNE votaron por trasladar ¢12.000 millones del presupuesto para contratar –gracias a una declaratoria de emergencia– una constructora que reparara, en el otro extremo del país, la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.
El dinero se movió pese a que, para ese entonces, no se había iniciado la reconstrucción de ninguna de las obras afectadas por las inundaciones, deslizamientos y vientos del ciclón. Entre la lista de pendientes están la construcción de decenas de alcantarillas y vados, carreteras, puentes, escuelas, colegios, viviendas, sistemas de agua y otros por ¢100.603 millones, de los cuales ¢87.750 millones saldrían del Fondo Nacional de Emergencias y ¢12.853 de recursos de distintas instituciones.
Hasta diciembre de 2023, la CNE había aprobado 39 proyectos por ¢13.818 millones, entre los que hay 121 casas, el diseño y construcción de cinco puentes, reconstrucción de 15 edificios públicos y estudios de estabilización de carreteras, entre otros. Sin embargo, para ese mes ninguno estaba en ejecución.
De acuerdo con el acta de la sesión de la CNE del 4 de setiembre pasado, Luis Amador Jiménez, entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, fue el encargado de explicar a la Junta Directiva la necesidad de reparar la pista para no afectar la operación del aeropuerto, la llegada de pasajeros y la industria turística nacional. Agregó que se valoraron varios diseños, que se extendería la vida útil por ocho años más y que con las mejoras se podría recibir aviones “completamente cargados”.
En su exposición, no mencionó ni un solo criterio técnico, financiero o legal que justificara el traslado. Se intentó conocer la versión de Amador sobre este tema, pero no contestó las llamadas hechas, este lunes, a su celular.
Después de la intervención de Amador, se abrió un espacio para preguntas, pero ninguno de los directivos expresó dudas. En la reunión estuvieron Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE; Wendy Molina, entonces ministra de Vivienda; Priscila Zamora, entonces viceministra de Hacienda; Wálter Fallas, gerente general de la Cruz Roja; Allan Mora, viceministro de Salud y Jorge Rodríguez Bogle, viceministro de la Presidencia.
Desde el 12 de abril, este diario solicitó una entrevista con Picado para hacerle preguntas sobre este asunto, pero contestó que no podía atender por “temas de agenda”. Este lunes se le llamó a su teléfono celular, pero tampoco respondió.
El 25 de abril, ante una consulta de La Nación, la institución informó que de los 39 proyectos, 27 están en trámites para ser publicados en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), seis fueron publicados en Sicop para su adjudicación y otros seis están en ejecución. Esa última cifra equivale a un 3,9% de las 153 obras que requieren atención producto del huracán Julia.
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‘No recuerdo’
Wendy Molina Varela, quien renunció como ministra de Vivienda el 22 de setiembre de 2023, declaró que no recuerda la decisión de trasladar los ¢12.000 millones de la reconstrucción en la zona sur a la reparación de la terminal aérea en Liberia. “Lo que pasa es que esas reuniones, que eran, más o menos, una o dos sesiones al mes, generalmente, tenían unas agendas larguísimas y todas eran aprobaciones de cuestiones presupuestarias. Le estoy hablando que en cada sesión se aprobaban 10, 12 o 15 compras por día”, comentó la socióloga.
No obstante, la reunión de Junta Directiva del 4 de setiembre del 2023, en la que se tomó el acuerdo de mover los recursos financieros de la zona sur al aeropuerto de Liberia, fue una sesión extraordinaria en la que solo se trató ese tema. Incluso, 18 días después de esa junta, ella dimitió.
Wálter Fallas Bonilla, gerente general de la Cruz Roja, afirmó que sí recuerda el traslado de dineros, pero alega que no puede referirse a los detalles, pues está de vacaciones. Añadió que desconoce si se dejaron sin atender obras en los seis cantones de la zona sur para financiar la reparación de pista de aterrizaje.
La Nación contactó al resto de miembros de la Junta Directiva de la CNE, pero no contestaron las llamadas hechas a los teléfonos registrados a sus nombres.
Decisión acabó con salida de Luis Amador
El caso de la contratación para reparar la pista del aeropuerto de Liberia fue el que, al final, provocó la destitución de Luis Amador Jiménez como jerarca de Obras Públicas y Transportes, el 12 de marzo pasado, justo dos meses después de que la CNE decidiera adjudicar el contrato de ¢21.800 millones a la constructora MECO.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo destituyó a él y a Fernando Naranjo, director de Aviación Civil, por considerar que el cartel de licitación se hizo “a la medida” de MECO y porque costó ¢1.000 millones más que la oferta de la constructora Pedregal. Aún así, el gobierno mantuvo el contrato con MECO por creer que es urgente la reparación del Daniel Oduber.
Sin embargo, el decreto que declaró emergencia en Liberia un año después de la emergencia, también refleja inconsistencias. Por esa razón, la Fiscalía General de la República investiga a Chaves, a su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz y al director de la CNE, Alejandro Picado. También a Amador y Naranjo.
La reparación de la pista de aterrizaje se gestionó a través de un decreto de emergencia sugerido por la Junta Directiva de la CNE y firmado por el presidente Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el 21 de junio del 2023. En ese decreto se argumentó que era necesario intervenir la superficie de ruedo de las aeronaves debido a daños de la tormenta tropical Bonnie, la cual tocó el país un año antes, el 1.° de julio de 2022 (tres meses antes de Julia).
La firma del decreto permitió incluir la contratación de la obra por medio de un mecanismo de urgencia. De esa forma, evitó las reglas ordinarias de contratación administrativa y la fiscalización previa de la Contraloría General de la República.
Para justificar su decisión de emergencia, el mandatario y la ministra ignoraron que la pista ya presentaba problemas desde años antes al fenómeno meteorológico. Además, afirmaron que las lluvias provocadas por Bonnie aceleraron el deterioro de la pista debido a que los aguaceros en la terminal fueron abundantes, lo cual, datos meteorológicos desmintieron.
En varias ocasiones, MECO ha rechazado la existencia de irregularidades en la contratación mencionada. “El presidente estuvo involucrado personalmente en todo este proceso. Que ahora esto le parezca a él una barbaridad, deja muchas dudas y no tenemos ni la más remota idea a qué se debe, pero él conocía el proceso, estuvo involucrado, sabía que se había adjudicado, sabía de la firma y también de la orden de inicio”, aseveró José Alfredo Sánchez, representante de MECO, en una entrevista realizada en marzo anterior.
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